La Dirección Ejecutiva dicta la resolución Núm. DE-079-2018 que ordena el inicio del procedimiento de investigación sobre este mercado.
Santo Domingo, República Dominicana. Enero, 2019.- La Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA) da inicio a una investigación en el mercado de producción y comercialización de huevos de gallina para consumo humano, mejor conocido como huevos de mesa, por la observación de indicios razonables de prácticas violatorias al artículo 5 de la Ley General de Defensa de la Competencia Núm. 42-08.
Según informes, pudiesen estar ocurriendo prácticas restrictivas de la competencia, alegadamente por parte de la Asociación Nacional de Productores de Huevos (ASOHUEVOS), establecidas en el artículo 5, como prácticas concertadas y acuerdos anticompetitivos entre agentes económicos.
A través del monitoreo del mercado, se han mostrado indicios razonables de la existencia de al menos dos implicaciones que afectarían las condiciones de competencia de este mercado, como la alegada arbitrariedad de los permisos de importación de pollitas reproductoras y la posible planificación existente en el mercado entre agentes competidores. Esto quiere decir que podría existir algún tipo de acuerdo entre los agentes económicos para anular competencia entre ellos.
La investigación se concentrará en determinar, de ser el caso, la probable existencia de una conducta prohibida y el o los posible(s) responsable(s) que participen en la misma; la Dirección Ejecutiva solo necesita tener indicios que podrían demostrar la posibilidad de prácticas contrarias a la libre competencia para realizar una investigación.
Durante más de un año, el departamento de Estudios Económicos y de Mercado de esta institución a través del Observatorio de Condiciones de Competencia, calificó este mercado como altamente concentrado.
El objetivo de PRO-COMPETENCIA es promover y garantizar la existencia de la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de producción y servicios mediante la ejecución y aplicación de las políticas y legislación de competencia y el ejercicio de sus facultades investigativas, de informe, reglamentarias, dirimentes, resolutivas y sancionadoras.
