Si en la escogencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), proceso que se ha anunciado iniciará el Consejo Nacional de la Magistratura el próximo mes de enero, se repite lo que ha ocurrido en la selección de los jueces del tribunal constitucional, la República Dominicana entrará con probabilidad, a lo que puede calificarse de una justicia clasista y si ello ocurriere, deberíamos prepararnos para entrar a un escenario político similar al que hoy padece el Brasil, Perú, Honduras, Ecuador o Guatemala.
La justicia clasista es un lastre basado en la mentira, pues como estamos observando en la escogencia de los jueces del TC dominicano, la crítica empresarial al sistema de justicia solo ocurre cuando no son escogidos aquellos que ellos consideran sus jueces. Con la excepción del doctor Domingo Gil, los escogidos pueden ser criticados desde diversos ángulos, sin embargo, han recibido el beneplácito del sector empresarial, y eso ya es mucho decir porque no se tomó en cuenta los perfiles éticos de los ungidos, sus posturas políticas, ni su moral.
Como puede observarse, la supuesta parcialidad política de los jueces solo molesta cuando no es cónsona con el punto de vista empresarial. El pecado de los jueces ahora en capilla ardiente por el mundo empresarial, quienes con probabilidad serán llevados a la pira a partir de enero, si el PLD se deja marear como dice el dicho popular, ha sido, precisamente, el pretender ser complacientes con el empresariado al grado de olvidar su identidad política y sus compromisos con la Constitución, las leyes y el pueblo. Ahora se dan cuenta de que de nada les ha servido su genuflexión. Pero esto es ya historia, el problema ahora es su posible desplazamiento por jueces al servicio directo del empresariado no por servilismo sino por convicción clasista. Ahí reside el peligro.
Debido a ello, los objetivos programáticos de la Constitución no se han reflejado en importantes decisiones de la justicia, ni los órganos sectoriales del denominado derecho administrativo sectorial, reflejan el cumplimiento de lo social, al revés, han invalidado la constitución.
Siempre ha quedado claro que la clase política, con todos sus defectos es preferible por ser más democrática que una justicia clasista. Además, la adhesión del juez no debe ser a una clase ni a un partido sino a la Constitución, pero eso no es posible en República Dominicana debido a que los empresarios en términos generales son los que más se oponen a la consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho, y a que sus órganos cumplan los objetivos programáticos de la Constitución. Así, la seguridad social no avanza al paso que debiera, el derecho de consumo tampoco y la banca anda por sus fueros.
La jurisdicción administrativa va a pasos de tortuga y la justicia está postrada. Solo el TC –hasta ahora- en tanto poder jurisdiccional, mantenía un ápice de independencia, pero es muy probable que a partir de la juramentación de los nuevos integrantes del TC, haya un notorio retroceso. Pues los nuevos, en términos general, tienen una definición a todas luces pro empresarial y eso marcará su andar con sello indeleble. Si a ello agregáramos los venideros cambios en la suprema corte de justicia, habría más de una razón para temer la consolidación del retroceso y el encarcelamiento de la clase política como venimos viendo en otros países del área.
El denominado populismo penal solo recibe crítica cuando sus cañones apuntan a la plutocracia, mas no cuando apunta hacia la clase política o a las denominadas clases subalternas. Nadie se llame a engaños: estamos ante una embestida empresarial que presagia días difíciles para la clase política y para los objetivos sociales de la Constitución de 2010. Ojalá Danilo Medina y el comité político tengan al momento de escoger los jueces de la SCJ la sensatez que les ha faltado en la escogencia de los jueces del TC.
Un puñado de políticos presos no sería nada, pero si lo sería el retroceso que lleva aparejado un proceso tal, en definitiva, al capital no le preocupan los políticos delincuentes le preocupan los cambios sociales que implican equidad y justicia social. DLH-12-15-2018
