Participación Ciudadana expresa profunda preocupación frente al procedimiento que ha iniciado la Procuraduría General de la República y que ha sido denunciado por diversos sectores como una maniobra tendente a sacar de la magistratura, de manera precipitada y violatoria de las leyes, a varios fiscales reconocidos por su buen desempeño, para sustituirlos por personas allegadas al responsable del ministerio público y a los intereses partidarios del partido de turno.
El artículo 41 de la Ley 133-11 establece que la posición de Procurador Fiscal Titular será elegida por un período de cuatro años y “su mandato podrá ser reconfirmado por un segundo y único período consecutivo previa evaluación de desempeño”. El Procurador, con más de dos años en el puesto no cumplió con esta disposición y ahora, de forma apresurada, llama a un concurso limitado al mismo cargo, incluyendo a fiscales que ya les queda menos de dos años para cumplir el tiempo máximo permitido.
Participación Ciudadana siempre ha abogado por el cumplimiento de las leyes y reglamentos, y la selección de funcionarios mediante concursos. Pero aquí hay varias violaciones que no pueden pasarse por alto. La primera es la omisión de las evaluaciones que establece la Ley; la segunda corresponde a la imposición precipitada de un procedimiento que no les corresponde a quienes ocupan los puestos; y la tercera concierne al impedimento de presentarse para puestos de rango superior.
No queremos incurrir en especulaciones sobre las razones que se esconden detrás de estas violaciones a la Ley. Independientemente de las mismas, las autoridades judiciales están obligadas a cumplir y dar ejemplo de transparencia y justicia, dos cualidades que no están presentes en este proceso.
Hacemos un llamado al procurador Jean Alain Rodríguez para que corrija las violaciones y falta de transparencia y equidad en este proceso. Su obligación como funcionario público es fortalecer el sistema de justicia. Lamentablemente, sus actuaciones en el puesto han sido merecedoras de muchos cuestionamientos, especialmente por la inercia y la parcialidad en el combate a la corrupción.
La opinión pública ya ha levantado su voz de alerta en este caso. El Gobierno Dominicano y su Procurador General están en el deber de despejar las sospechas de que se trata de una maniobra más para blindar a funcionarios corruptos y frustrar una vez más las aspiraciones de tener un sistema de justicia imparcial que ponga fin a la desgracia de la impunidad que tanto daño ha hecho a este pueblo.
