En los últimos años se han reportado golpeaduras salvajes y muertes de ancianos por parte de hijos, nietos y otros familiares. Muchos incluso fueron agredidos a trompadas y bofetadas en el lecho y en condiciones precarias de salud.
Es que llegar a viejo en nuestro país es una misión de altos riegos. La discriminación, repulsa social, abusos económicos y psicológicos, precaria alimentación, aislamientos en asilos, el abandono de los familiares en los hospitales, figuran entre los principales obstáculos que enfrentan los envejecientes.
Se dan casos que son recluidos en los asilos y jamás son visitados por los hijos. Allí mueren atrapados en la nostalgia, ansiosos de estar con los suyos. Igual escena ocurre en los hospitales públicos.
Esos hijos malagradecidos actúan como los esquimales, que utilizan a las personas jóvenes para ablandar cueros de animales con los dientes y cuando llegan a la vejez, los tiran como despojos en los bosques, muy distante del hogar, y jamás regresan. ¿Son crueles, verdad?
Algunos de los nuestros recurren al suicidio por razones de salud, tristeza o rechazo familiar, pobreza extrema y otras causales. Los más perseverantes, sanos y con poca fuerza, se ganan la vida en los cabildos recogiendo basuras o coleccionando desperdicios aún útiles en los vertederos. De noche, muchos descansan debajo de los puentes y sobre las aceras de las tiendas.
Las personas de tercera edad son vistas por algunos hijos como una carga económica y social, sobre todo si estas padecen enfermedades catastróficas propias de su edad. Los tipifican como estorbos y los sacan del entorno familiar. Los de mejor suerte son puestos al cuidado de enfermeras para que los mediquen, alimenten y aseen, siempre lejos del contacto de los niños. En su interior, los hijos anhelan que mueran los progenitores para librarse de esa carga.
¿Qué estamos haciendo para frenar esos actos inhumanos? ¿Cuáles son las responsabilidades penales contra los familiares irresponsables?
Debiéramos imitar el ejemplo de Colombia donde se castiga con hasta 8 años de cárcel y una multa de cinco salarios mínimos a quienes maltraten o abandonen a los adultos mayores de 60 años que estén a su cargo.
Los adultos mayores, que superan los 65 años, corresponden a cerca del 10 por ciento de la población dominicana, según un estudio ofrecido en el 2017 por entidades oficiales y organizaciones no gubernamentales. En el primer semestre de ese año, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) recibió cerca de 90 denuncias de maltrato al adulto mayor.
El 25 de junio del 2012, el periodista Gustavo Olivo Peña escribió sobre esa realidad tomando como plataforma un reportaje de Nuria Piera quien decía que las personas mayores sufren exclusión, desprecio y hasta maltratos.
Para entonces, el reportaje expresaba que “un millón 100 mil personas sobre los 65 años de edad viven en República Dominicana. Es una etapa donde se necesita de atención médica oportuna, medicamentos, garantías de pensión y un techo propio, pero lamentablemente en nuestro país las condiciones de muchos adultos mayores es de vulnerabilidad”.
Para dar garantías y protección a los ancianos fue promulgada en 1998 la ley 352-98, que abarca puntos fundamentales para la vida de esos ciudadanos, desde sus derechos a la educación, bienestar social, empleo y generación de ingresos, salud, hasta el respeto y dignidad de que es merecedora toda persona.
Independiente del esfuerzo que hace el Conape, la situación debe ser enfrentada con el espíritu de la ley.
La ingratitud de los hijos merece una severa sanción penal. Es la vía apropiada para acabar esa barbarie.
