El ente estatal aclara que no se ha opuesto a que los ciudadanos se expresen en el lugar, sino a que se haga con una instalación permanente.
El Ministerio de Cultura (MINC) está a la espera de que la Cámara Civil y Comercial de Santiago, le entregue la sentencia íntegra con la que el viernes acogió en parte la Acción de Amparo interpuesta por el colectivo Marcha Verde, que pretende instalar un campamento en el Monumento a los Héroes de la Restauración.
En una nota de prensa difundida este domingo, el doctor Filias Bencosme, consultor jurídico del Ministerio de Cultura explicó que una vez recibido el dictamen, se procederá a su estudio, y si se considera necesario, recurrirlo bajo el argumento jurídico de que el patrimonio histórico de la nación debe ser preservado.
Manifestó que el Ministerio de Cultura, bajo la orientación del ministro Eduardo Selman, ha actuado apegado a ese principio consagrado en la Constitución de la República y en la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural.
Indicó Bencosme que en el dispositivo de la sentencia, el tribunal solo establece que los accionantes tienen derecho a realizar su manifestación “en las inmediaciones de la plazoleta del periódico La Información, ubicada en al área del Monumento a los Héroes de la Restauración de la ciudad de Santiago”.
Y agregó que por eso es que el Ministerio de Cultura está a la espera de la sentencia íntegra para tras estudiarla, determinar si será necesario recurrirla bajo los argumentos jurídicos ya expuestos.
Mientras tanto, dijo que los integrantes del colectivo Marcha Verde, y cualquier otra organización cívica y política pueden ejercer el derecho a manifestarse en el área del monumento, no así a instalar estructuras de ninguna índole en el mismo, ni en su entorno.
En su declaración, a través de la Dirección de Comunicaciones, el Ministerio de Cultura establece que en República Dominicana existe plena libertad para manifestarse y que ese derecho lo ha ejercido plenamente Marcha Verde, y otras organizaciones políticas y sociales, sin que el Gobierno lo haya obstaculizado.
Agrega que en este caso, lo que existe es una discrepancia jurídica en torno a si es pertinente el uso de los monumentos y otros sitios históricos para instalar campamentos para este tipo de manifestaciones, cuando existen otros lugares en los que se pueden realizar actividades de esta índole.
