Junto a familiares, los galenos llaman a reunión a las diez de la mañana hoy en el Colegio Médico para coordinar manifestación.
Un grupo de médicos, familiares y relacionados con las doctoras apresadas acusadas de negligencia médica se pronunciarán mañana por su libertad frente a la Suprema Corte de Justica.
La doctora Bellamire Alevante, vocero del grupo, indicó que la prisión preventiva contra las doctoras Pamela y Serena Stefani no tiene precedente, ni justificación legal dado que ambas son dos reconocidas profesionales dispuestas a acudir a cualquier llamado de los tribunales.
Para coordinar la marcha-caminata de mañana, se está convocando una reunión en el Colegio Médico a las diez de la mañana de hoy, dijo la vocera del grupo, a la cual se está convocando también a los parientes y relacionados.
“Las doctoras Stefani son víctimas de una medida de prisión innecesaria y excesiva y que les ha generado una situación que está afectando su salud” afirmó la doctora Alevante. Apuntó que una de las dos hermanas, por la depresión que le ha generado la situación, tiene varios días sin comer, lo que puede comprometer su salud.
Indica que este miércoles, los médicos van a manifestar solidaridad con sus colegas ante una medida judicial sin precedente y que ha afectado bastante a las hermanas especialistas en medicina estética.
El consejo de la defensa de las imputadas, encabezado por el abogado Juan Anico, adelantó que recurrirá la decisión del tribunal en apelación, al considerarla exagerada.
Dijo que la jueza debió imponer a las imputadas una medida de coerción menos gravosa, como el pago de una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica.
El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva a las doctoras Pamela Stefani y Serena Stefani Congedo, acusadas provocar daños físicos, estético a pacientes .La magistrada Evelyn Rodríguez dispuso que las imputadas, cumplan la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Mujeres, San Cristóbal.
El tribunal tomó la decisión tras acoger una solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
