Familiares se disputaban la fortuna y un tribunal de San Cristóbal ha declarado perimido recurso de casación que interpusieron
Por José Thomas.
San Cristóbal. La Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró perimido un recurso de casación que en 2013 interpusieron familiares de un general del Ejército que dejó una herencia de 200 millones de pesos en bienes contra unasentencia judicialque favoreció a otros parientes del oficial quienes reclaman ser incluidos en la indicada herencia. Se trata del conflicto por los bienes del general José Pimentel, quien fue el primer gobernador provincial en 1935 y brazo político-militar del dictador Rafael Trujillo en la zona Sur del país.
Los jueces Francisco Antonio Jerez, presidente; Manuel Alexis Read Ortiz, Pilar Jiménez Ortiz y José Alberto Cruceta Almánzar basaron su fundamento en la presunción de que los recurrentesAdanela Cedeño Pimentel, Venecia Rosa del Carmen Pimentel Read y compartes abandonaron la instancia o proceso tomando en cuenta que el recurso fue depositado en 2013 contra la sentencia 190-2013 que dictó la Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Cristóbal con motivo de una demanda en posesión de estado.
La doctora Sandra Rodríguez en representación de Rafael Ramón Pineda, Víctor Pimentel Cruz, José A. Villar, Miriam Pineda, Zoila Santa Magalis Pineda, Mireya Margarita Pineda, entre otros, dio lectura a la instancia emitida recientemente por el indicado tribunal donde explica que del estudio de las piezas que conforman la glosa procesal, las cuales fueron analizadas y ponderadas por los indicados jueces se puede comprobar que transcurrió el plazo de tres años de la perención establecido en el párrafo II del Artículo 10 de la ley sobre Procedimiento de Casación.
La sentencia civil 190-2013 dictada el 30 de septiembre del 2013 por los jueces de la Corte de Apelación de San Cristóbal reconoció que los nueve familiares del general Pimentel representados por la doctora Sandra Rodríguez califican como herederos en vista de que dieron positivas las pruebas de ADN practicadas a éstos y al cadáver delmilitar por un equipo del Instituto Nacional de Patología Forense en presencia de las autoridades judiciales y policiales de la provincia.
