Un abogado de Santiago calificó de excesiva la actuación de la justicia dominicana, dígase, el Ministerio Público y el Tribunal de Atención Permanente de Puerto Plata, con la medida de coerción interpuesta a la imputada de cortar el pene a su concubino el señor Samuel Ventura García .
Leonardo Tavarez Valerio dijo no entender porqué el fiscal de esa provincia, Mag. Osvaldo Bonilla, solicitó un año como medida de coerción a imponer a la referida mujer, cuando dicho expediente no califica para declararlo complejo, toda vez que desde el primer día se conocían todos los detalles y actores involucrados en el hecho, en el que la victimaria preparó un jugo con una sustancia venenosa que le dio a tomar a su compañero para que se durmiera y poder, cortarle el pene con un cuchillo.
Sin embargo, Tavarez manifestó que el Código Procesal Penal establece las especificaciones y particularidades de los casos declarados complejos en su capítulo IV, detallando entre estos, las ampliaciones de plazos durante el procedimiento judicial y la aplicación de criterios de oportunidad para los imputados que quieran colaborar con la investigación del caso. Las estipulaciones sobre casos complejos están contempladas desde el artículo 369 al 373, y en ellos se explican el procedimiento de aplicación de las normas especiales.
El también director del semanario impreso y digital el Correo (Santiago), exclamó que la imposición de un año de coerción solo procede cuando se considera un caso como complejo a causa de la pluralidad de hechos, del elevado número de imputados o víctimas o por tratarse de casos de delincuencia organizada, antes de la presentación de cualquier requerimiento conclusivo.
“Como se puede apreciar, en el caso de la reclusa Díaz, dicha medida no se corresponde con lo establecido por el Código Procesal Penal para declarar como complejo un expediente”, declaró.
Dijo que no conoce a ninguna de las partes pero que le preocupa como abogado que ese sea el modus operandi durante los últimos años por parte de la justicia dominicana, solicitar y establecer sanciones a determinadas personas, no por la magnitud del caso ni por el peligro de fuga a la integridad de las personas y a la sociedad que representen, sino por la publicidad y cobertura mediática que se le haya dado a dicho caso, lo que demuestra el grado de MIEDO Y DEPENDENCIA de los miembros de nuestra justicia, a ser víctimas de una sanción disciplinaria, traslado o destitución de de las que acostumbra imponer todopoderoso y cuestionado Concejo del Poder Judicial.
Es por ello que el sistema judicial dominicano es criticado tanto a nivel nacional e internacional especialmente en lo relativo a la falta de seguridad jurídica existente en la República Dominicana.
