Las ejecutorias del ex presidente Leonel Fernández Reyna siempre iban en el sentido de preservar la gobernabilidad al punto de que llegó a expresar que era preferible “pagar a matar”, es decir, que su gobierno prefería pagar antes que matar a aquellos que estuvieren, por diferentes motivos, dispuestos a poner en peligro el orden constitucional.
En la actualidad no está claro ¿Cuál es el concepto d gobernabilidad que prevalece? Lo que si queda claro es que el Estado Dominicano muestra signos preocupantes en materia de seguridad ciudadana y del sostenimiento del orden constitucional. Un gobierno debe tener credibilidad y para ellos los hechos deben ser superiores a su propaganda.
Un gobierno que se preocupe por la gobernabilidad y por la estabilidad sistémica no debe dejar que los asuntos de Estado y las preocupaciones ciudadanas, se desborden sin ponerle remedio. Es decir, nunca se debe permitir que las demandas sean superiores a la capacidad de respuesta del Estado allí donde se requiere que estas existan. Se observa que el gobierno está acumulando grandes demandas sin que se vislumbre una salida pronta, oportuna y eficaz.
Un buen ejemplo de lo que decimos es la gran cantidad de obras viales que como consecuencias de fenómenos naturales fueron dañadas el pasado año, en su gran mayoría se encuentran a medio hacer. Afortunadamente el ciclón Irma no nos tocó significativamente, de haberlo hecho el país estaría prácticamente incomunicado debido a la lentitud del gobierno en restaurar pequeñas obras comunitarias de comunicación en prácticamente todo el territorio nacional.
En cuanto a seguridad, ya es notorio que algunos barrios del gran Santo Domingo y de otras provincias, no es la fuerza del orden público la que mantiene el control; por igual, en las zonas agrícolas y ganaderas del país existe prácticamente un estado paralelo, pues ni los fiscales ni la policía están en capacidad de mantener el control del orden público, puede decirse que se trata de comunidades donde rige otro código de conducta. No hay alambradas que permanezcan sin ser robadas ni reses que puedan ser mantenidas por sus propietarios ni cultivos que no se encuentren amenazados por vándalos.
La ocupación irregular de terrenos ajenos se ha convertido en práctica cotidiana y algunos propietarios ya ni siquiera presentan denuncia porque en no pocos casos, se puede confiar en las autoridades, es más, existen quienes piensan que es preferible y más económico negociar con los dueños de lo ajeno a presentar queja ante una autoridad.
Entendemos que el gobierno está llamado a pensar y actuar más decididamente en esta materia porque algunos de sus funcionarios entienden que porque tienen escolta están protegidos, pero deberían pensar más en el día después, aquel en que ya no estén en la posición, pues prácticamente los robos y demás atentados contra la propiedad pública y privada, contra la integridad de la persona humana, se convierten en algo cotidiano sin que ir a la justicia sea solución alguna. La autoridad pierde espacio en su propio seno y poco o nada hace el ejecutivo por remediar este mal que va en aumento. Resulta preocupante el costo en que incurren los grandes comercios para mantener a raya a sus enemigos internos y externos solo porque el país parece carecer de una adecuada política de gobernabilidad. Al festival de inconductas se añaden extranjeros quienes a poco de estar en el territorio nacional se percatan de las falencias de nuestra seguridad internas y de inmediato pasan a engrosar impunemente las filas de la delincuencia sin que nada ocurra, sin que nadie ponga freno a estos desmanes.
Para nada pretendemos ser alarmistas ni contribuir con un escenario no deseado, al revés, pretendemos con estos comentarios hacer un llamado a la reflexión y a la toma de decisiones importantes en dicho plano porque aunque se nota cierto patrullaje, aunque se realizan pesquisas, quizás oportunas, las decisiones de fondo no llegan. Todavía tenemos comunidades enteras con uno o dos policías para cubrir zonas vastas, fiscales que no realizan indagatorias de campo y jueces que prefieren no enfrentar delincuentes sino congraciarse con ellos. No puede decirse que la gobernabilidad es asunto de todos mientras no sean visibles correctivos institucionales. La fuerza, el uso abusivo del poder, no pueden ser las divisas que garanticen el orden público. DLH-11-9-2017
