SANTO DOMINGO, D.N.- El juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega, designado por la Suprema Corte de Justicia para el caso Odebrecht, impuso este viernes en la tarde varias medidas de coerción en contra de Bernardo Castellanos de Moya, implicado en los sobornos que la empresa Odebrecht admitió haber pagado para obtener contratos de obras en el país.
A Castellanos de Moya le fueron impuestas una garantía económica de RD$5 millones de pesos, impedimento de salida del país, y presentación periódica el primer lunes de cada mes ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Asimismo, el juez Ortega Polanco ratificó la declaratoria de complejidad del proceso y el plazo de ocho meses que había otorgado al Ministerio Público para desarrollar las investigaciones de este caso, en el que también, hasta el momento, están involucradas otras 13 personas.
El Ministerio Público reiteró que los papeles que Odebrecht suministró en el marco del acuerdo de colaboración homologado por un juez, fueron de utilidad para que se impusieran las medidas de coerción, tanto a Castellanos de Moya como a todos los demás implicados en este caso.
A través de un comunicado de prensa, el organismo recordó que por el caso Odebrecht además cumplen medidas de coerción de un año de prisión preventiva Ángel Rondón y de seis meses Víctor Díaz Rúa, en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal, en tanto que Conrado Pittaluga cumple prisión domiciliaria por un período de seis meses.
De igual manera, indicó que los también encartados Radhamés Segura, Temistoclés Montás, Andrés Bautista, Ruddy González, César Sánchez, Máximo De Oleo, el diputado Alfredo Pacheco, y los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín, tienen impuestas medidas de coerción consistentes en garantía económica por diferentes montos, presentación periódica e impedimento de salida del país.
