Valora como positivo el diálogo participativo que ha promovido el Ministerio de Salud Pública para propiciar el acceso universal a medicamentos
El doctor Pedro Luis Castellanos, Superintendente de Salud y Riesgos Laborales, precisó que la Ley 87-01, en su artículo 122, prohíbe explícitamente que las Administradoras de Riesgos de salud (ARS) sean propietarias, accionistas, o que tengan intereses económicos directos o indirectos, en Proveedoras de Servicios de Salud, tal es el caso de las farmacias, clínicas y otros servicios.
Castellanos explicó que dicha ley también prohíbe lo contrario; es decir, que propietarios o accionistas de Proveedores de Servicios de Salud participen o tengan intereses en las ARS, con la única excepción temporal de aquellas entidades del ramo que durante los últimos doce meses antes de la vigencia de la Ley eran propietarias o accionistas de ese tipo de servicios, siempre que estos se mantuvieran activos y no cambiaran de propietarios.
Refirió que a esa excepción se acogieron el IDSS, SEMMA, y tres centros médicos privados que para la época tenían “igualas médicas”, cuando fueron habilitadas como ARS por la SISALRIL al inicio del Régimen Contributivo del Seguro Familiar de Salud, en el año 2007.
“Esta excepción temporal, ya no está abierta. Ninguna ARS que no hubiera sido beneficiada por la misma en esa oportunidad podría, sin violentar el marco legal, asumir intereses en farmacias u otros proveedores. No debería haber ninguna confusión o mal entendido en este sentido”, sostuvo Castellanos
Señaló que “la SISALRIL ha establecido disposiciones regulatorias, y se ha mantenido vigilante mediante sus procesos de seguimiento y control, para evitar cualquier intento de integración vertical”.
Por otra parte, el Superintendente valoró como muy positivo el interés y los esfuerzos que realiza el Ministerio de Salud Pública para promover el acceso universal a medicamentos básicos de toda la población.
Dijo que “al igual que han hecho la mayoría de los países con instituciones respetables, nuestro país necesita una Política Nacional que contribuya a ordenar el papel y responsabilidades del Estado y de los diversos sectores de la sociedad, alrededor de la idea de garantizar el acceso universal y evitar distorsiones en el mercado que puedan perjudicar tanto a la ciudadanía como a los mismos productores y distribuidores”.
Expresó que los medicamentos son un componente esencial de la atención integral de los problemas de salud de la población. “En nuestro país, la importación, producción, distribución, prescripción y dispensación de medicamentos, conforma un sistema complejo, con diversos intereses no siempre coincidentes”.
“El diálogo propiciado por el Ministerio de Salud Pública es una buena oportunidad para que todos los sectores interesados puedan hacer conocer sus aportes para fortalecer el acceso universal a los medicamentos”. Es una oportunidad que todos debemos aprovechar positivamente.
