El dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) Lic. Vinicio Castillo Semán consideró que era un deber fundamental del Presidente Danilo Medina condenar enérgicamente el soborno de funcionarios públicos dominicanos durante 16 años que ha confesado la empresa Odebrecht, explicando que al no hacerlo se envía una peligrosa señal de tolerancia e impunidad frente a la corrupción administrativa.
“Todos los presidentes latinoamericanos de países en que la firma Odebrecht confesó crímenes de soborno se han pronunciado de manera enérgica condenando lo que es el soborno más grande y extendido de la historia. Es muy triste para el país oir dos horas del discurso del Presidente Medina ante la Asamblea Nacional y no escuchar ni un solo reproche, ni una sola muestra de indignación por hechos tan graves, ya confesados, que le costaron al país sobrevaluaciones por miles de millones de pesos en obras públicas en tres distintos gobiernos desde el 2001 hasta la fecha”, expresó el también ex legislador.
“El Presidente Medina no sólo guardó silencio frente a Odebrecht, sino que trató de justificar el Acuerdo con la Procuraduría General de la República que le permitirá a esa empresa mantener sus contratos vigentes y la posibilidad de participar en licitaciones públicas como si nada hubiera ocurrido, todo en violación de la Ley 340 y su Reglamento. El mensaje que se da no puede ser más grave y desesperanzador en la lucha contra la corrupción”, expresó Castillo Semán.
“El Presidente Medina se refirió como un gran logro la supuesta recuperación de 184 millones de dólares a cambio de otorgar impunidad total a Odebrecht y sus ejecutivos. Pero no explicó que esos 8 años, tiempo en el cual la compañía brasileña puede colapsar y quebrar, y aún esto no ocurriere, los pagos de dicha multa saldrían de cubicaciones de obras del propio Estado Dominicano, que no han sido auditadas y que muy posiblemente están sobrevaluadas”.
“Todas las obras de Odebrecht en el país desde el 2001 a la fecha, deben ser auditadas por firmas especializadas internacionales, puesto que sería absurdo pensar que pagaron 92 millones de dólares en soborno de su bolsillo sin sobrevaluar y estafar al Estado. Hay sobrevaluaciones por miles de millones que el Estado tiene derecho a reclamar como indemnización, lo cual quiere ser resuelto con un simple pago de multa de 184 millones de dólares”, concluyó Castillo Semán.
Santo Domingo, D.N.
28 de febrero 2017.
