Santo Domingo, 21 feb (PL) El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) demandó hoy a la Cámara de Cuentas investigar a los funcionarios del Gobierno que en los últimos años incrementaron sus fortunas en niveles preocupantes, para determinar si esos bienes son lícitos.
La directora ejecutiva de PC, Rosalía Sosa, recomendó a los funcionarios del gobierno que son empresarios, que abandonen la función pública porque la ley les prohíbe participar en actividades comerciales y les recuerda que sólo pueden generar recursos extras por la vía de la enseñanza.
Un informe del Programa de Estudios del Desarrollo Dominicano (PED) adscrito al Centro de Estudios Sociales Padre Alemán de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, apoyados por el Centro Juan XXIII, reveló la víspera que de cinco mil 159 funcionarios públicos que debieron entregar su Declaración Jurada de Patrimonio (DJP) en el último trimestre del pasado año, sólo cumplieron en tiempo y forma 256.
También se publicó un listado de altos funcionarios del gobierno que han entregado su DJP pero han incrementado en los últimos años su riqueza y resultó incongruente que el patrimonio del presidente Danilo Medina aumentara sólo 946 mil pesos (20 mil 700 dólares) en cuatro años, cuando otros funcionarios los incrementaron en muchos millones.
El estudio reveló que el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, aumentó su patrimonio en 80 millones de pesos (casi dos millones de dólares) en cuatro años, ingreso que fundamenta como 'próspero empresario agropecuario', en contraposición a lo que establece la ley.
Sosa planteó que los resultados de este estudio son un reto más para la Oficina de Fiscalización de la DJP que tiene que hacer una investigación cruzada sobre las causas que son lícitas o no del aumento del patrimonio del servidor público e insistió en que 'hay funciones públicas que no pueden ejercer actividad empresarial'.
Instó a la Cámara de Cuentas recién designada a evaluar las declaraciones juradas de patrimonio depositadas hasta el momento y censuró que otros funcionarios presentaran su declaración fuera de plazo o no la entregaran, en violación de la Ley 311-14 de la DJP.
