La Resolución de la Silsaril que permite que a personas que tienen seguro médico bajo el régimen contributivo inscribir en el mismo a cuantos dependientes deseen, constituye un paso hacia la universalización de los servicios de salud del país.
El país aprobó dicha ley en 2001, se dio al Estado una plazo de 10 años para que hiciere los ajustes de lugar para que hacia 2011, todos y todas las ciudadanas de la nación contasen con seguro médico, sin embargo, estando ventajosamente vencido dicho plazo y habiéndose puesto en vigencia la Constitución de 2010 que califica como “derecho fundamental” el derecho a una salud digna, el Estado solo se ha ocupado de proteger los intereses de las ARS que ven la salud ciudadana como negocio. Por fin, estamos ante funcionarios dispuestos a actuar conforme a la Constitución, la cual, establece que la salud es un derecho fundamental cuyo deudor es el Estado. Esto es: los funcionarios públicos son garantes de que el pueblo –y todo ser humano- que habite esta isla, posea un seguro de salud aceptable. En verdad, la República Dominicana, desde la era de Trujillo, siempre tuvo un sistema público de salud universal, a nadie se discriminaba cuando acudía a un hospital, es más, el seguro social constituyó un modelo todavía válido a pesar de todo lo que se hace por descuartizarlo para darlo como comida a los leones de las administradoras de riesgos de salud (ARS).
Las andanzas neoliberales condujeron a escoger un modelo de salud pública criminal, pues ahora solo tiene salud quien puede pagar. La Silsaril tiene una dirección responsable que viene trabajando para hacer valido el mandato constitucional de que la salud es un derecho fundamental. El gobierno del Presidente Danilo Medina debe hilar fino para que no caer en la desvergüenza de seguir permitiendo que ciudadanos mueran por falta de atención médica, por carecer de un plástico del cual depende ser o no ser atendido en clínicas y hospitales. La nación debe apoyar a los funcionarios de la Silsaril antes de que sean devorados por las pirañas de las ARS.
Quienes se oponen a la decisión de la Silsaril son los que entienden que la salud es un negocio. Es bajo el sistema neoliberal en crisis, que se ha llegado a concebir la salud humana como negocio, esta libertad negativa engrosa los bolsillos de unos pocos y condena a la mayoría a muertes innecesarias. Es una idea atrasada sobre capitalismo salvaje que ha sido superada por los tiempos, pues, se sabe, que una clase trabajadora bien educada y con buena salud, contribuye más a la producción y a la estabilidad del sistema democrático que otra que no posea dichos derechos, por tanto, la clase trabajadora, como la clase media nacionales, deben luchar al unísono para evitar que el capitalismo salvaje viole la Constitución con la monserga de que no existen recursos para proveer salud a la población.
Ese descaro y deshumanización de la medicina debe cesar. Se sabe que lo que pretenden las ARS es ganar utilidades económicas aun a expensas de la expoliación de dinero que se ha puesto bajo su guarda pero que no les pertenece, pertenece a quienes han aportado esos recursos, al Estado y a la sociedad, nunca a un puñado de burócratas privados que viven del dinero ajeno.
Bajo el Estado Social que proclama la Constitución en vigor, la responsabilidad social empresarial es la que marca el paso de las empresas, cuando no es así, el Estado por intermedio de sus instituciones, debe intervenir hasta lograr que el derecho en juego sea una realidad, por tanto, las organizaciones de consumidores y usuarios de servicios de salud deben hacer oír sus voces no solo en las calles sino también en los tribunales. El marco legal vigente permite encausar a las ARS cuando estas se apartan no solo de la ley sino de la Constitución como acontece en el caso que comentamos.
Los recurso que contra la decisión de la Silsaril incoen las ARS, deben ser atacados pues los médicos y los enfermos son los únicos depositarios del centro de la actividad consistente en proveer de salud. DLH-26-11-2016
