PC exhorta al MAP hacer público el supuesto informe de la consulta que le realizarán los legisladores antes de disponer ellos mismos de un aumento salarial para este mes.
Participación Ciudadana considera ilegal e ilegitimo el aumento salarial de los senadores y diputados a partir de este mes, con un incremento de RD$70 mil y RD$125 mil respectivamente, además entiende que esta decisión profundiza la distorsión salarial en la administración pública y genera privilegios irritantes e injustos.
PC exhorta al Ministerio de Administración Pública (MAP), en calidad de órgano rector del sistema remunerativo, presentar al país y hacer público el supuesto informe de la consulta que le realizarán los legisladores antes de disponer ellos mismos de un aumento salarial para este mes.
Recordamos que en la República Dominicana aún está pendiente la aplicación de la Ley No. 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano, donde observamos importante rezagos, considerando que todavía no tenemos un régimen de salarios que garantice la uniformidad y la transparencia, por cuanto, un aumento unilateral sin criterios técnicos y que obedezca a una política general del Estado dominicano es evidentemente ilegítimo.
Nuestra organización reitera que un aumento salarial a los legisladores viola de manera clara la Constitución de la República que en su artículo 140 que establece: “Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley”.
Participación Ciudadana aprovecha para insistir con la necesidad de que el Poder Ejecutivo apruebe y promulgue, a través de un decreto, el reglamento de aplicación de la Ley.
No. 105-13 de Regulación Salarial del Sector Público en la República Dominicana, que debió estar aprobado por el Presidente Danilo Medina dentro de los seis (6) meses, a partir de la entrada en vigencia de la ley, pero a 36 meses de la promulgación de la Ley, aun no tenemos Reglamento de Aplicación. La no aplicación de la Ley solo sirve para los que ostentan el poder, se aprovechen y la apliquen de manera selectiva, incrementando la distorsión, el desorden y los privilegios
