El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito ha solicitado la cooperación internacional en materia penal sobre el caso de los Papeles de Panamá, donde se ha informado existen documentos que afirman que Mossack Fonseca trabajó para 57 clientes, 486 compañías, 67 beneficiarios y 192 accionistas de República Dominicana.
Domínguez Brito dijo que ha pedido a la Procuraduría General de Panamá a fin de determinar si a través del mecanismo indicado se ha incurrido en infracciones de evasión fiscal, lavado de activos o corrupción. El pedimento fue hecho mediante comunicación enviada a la Procuradora de Panamá, Kenia Porcell.
Domínguez Brito dijo que hizo la solicitud a fin de determinar si existen ciudadanos dominicanos con cuenta especiales y que hayan utilizado algún tipo de maniobra tendente al ocultamiento a la evasión fiscal, al lavado de dinero o algún tipo de negocio oculto que puedan hacer presumir la ocurrencia de un hecho criminal.
Dijo que con la solicitud cooperación y de información a la procuradora Porcell, iniciarán una investigación sobre dicho documento y el impacto que pudiera tener con la República Dominicana.
Expresó que el pedimento se hace de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la Convención Interamericana contra la Corrupción y los capítulos 4 articulo 43 de la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción y los artículos 9,18 y 21 de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada, transnacional.
Manifestó que la solicitud de cooperación internacional tiene por fin obtener información relativa a una investigación que se realiza a raíz de la filtración masiva de aproximadamente 11.5 millones de documentos de la base de datos de la firma de abogados panameña Mosssack Fonseca.
Sostuvo que en la misma se ha expuesto un esquema de estrategias de evasión, de negocios ocultos y lavado de activos que estarían utilizando compañías dominicanas, sus accionistas, profesionales de diversas aéreas, entre otros particulares de nacionalidad dominicana.
Destacó que la misma establece que mediante la creación de una multiplicad de empresas “offshore”, les permiten ocultar la identidad verdadera del beneficiario, un posible enriquecimiento ilícito, acciones de lavado de activos, eludir el pago de impuesto en la República Dominicana, entre otros, ilícitos graves.
