Puede la Justicia en cualquier país del mundo, ordenar que sea revisada la vivienda de una persona para recoger posibles indicios criminales y no hacerlo con un smarphone o teléfono celular.
La disputa de Apple parece ser de lo más simpática desde el punto de vista del marketing, pues reivindica plenamente el derecho de la privacidad de la persona. Pero el sentido común indica que todo tiene un límite.
Nada debe ser más sagrado que la privacidad de una persona en su hogar. El límite está cuando a esa persona se le supone haber cometido un delito y se requieren las evidencia que la justicia supone están en el lugar donde reside. Es un precepto universal que la acción judicial llega hasta el domicilio de todo aquel que es sujeto de la investigación.
El caso que envuelve a Apple como en FBI es más complejo y a la larga podría dejar en desventaja a la empresa, pues no se trata de un smarphone de alguien que se sospecha ha cometido un delito,sino de un hecho comprobado, de que el dueño del aparato cometió una matanza, que se supone es parte de un red que bien puede tener ramificaciones en Estados Unidos que podrían estar planeando acciones similares.
Es por eso que las autoridades estadounidenses quieren que Apple abra un teléfono usado por Syed Rizwan Farook, autor de la masacre, que junto con su esposa Tafsheen Malik mató a 14 personas el año pasado en San Bernardino, California.
Si la posición se Apple se impone, nunca se sabrá que datos contiene el celular del asesino guardado. ¿Pero es justo que por un celo de una empresa o su negativa a colaborar se corra el riesgo de que nuevas matanzas se repitan?
Este comentario no niega que en el proceso, si se deja al FBI, como son todos los organismos de investigación de los Estado, harían un tours por todos los iPhone en poder de los usuarios, pero el mundo vive hoy una situación muy especial, como lo es la existencia de grupos que tienen en el terrorismo su recursos para imponer su voluntad.
