El Tribunal Constitucional de España ha rechazado la resolución mediante la cual se declara la independencia de Cataluña, dictada tras la celebración de elecciones en ese territorio español.
La lucha por la independencia de España ha sido una batallla política y legal que se ha venido librando desde hace varios años, la cual con la decisión del Tribunal Constitucional plantea nuevos escenarios de lucha de las partes beligerantes.
El Tribunal Constitucional (TC) español anuló hoy una declaración de independencia del Parlamento catalán, decretada con apoyo de diputados del movimiento Juntos por el Sí y el Partido Candidatura de Unidad Popular.
Un plenario de los 11 jueces del TC determinó que la decisión del pasado 9 de noviembre del legislativo de la región española era violatoria de al menos cinco preceptos de la Carta Magna nacional y dos de la de Cataluña, destaca la versión digital del diario El País.
El veredicto, sin embargo, no insistió en la petición del gobierno conservador de Mariano Rajoy de aplicar sanciones o advertencias contra los máximos dirigentes catalanes.
La sesión plenaria del referido tribunal no incluyó ningún apercibimiento de los máximos dirigentes catalanes en su veredicto de 11 páginas, aclara El País.
El tema de la declaración se soberanía de legislativo catalán nunca estuvo en la agenda de trabajo de esta jornada del TC, pero fue incluida a última hora, dada la urgencia que le conceden el Gobierno, consideró una fuente jurídica, citada por el rotativo.
De acuerdo con el periódico, el presidente del mencionado órgano jurídico, Fernando Díaz de los Cobos, apresuró el debate sobre la decisión del legislativo catalán, después de estar seguro de un consenso en ese órgano.
Además, el funcionario actuó rápidamente para contar con una decisión final, antes de iniciarse el viernes próximo los debates de cara a las elecciones generales del venidero día 20.
Otros temas como la ley de aborto esperan por cinco años a un pronunciamiento del TC, mientras el catalán fue ventilado en apenas tres semanas.
La resolución del parlamento de Cataluña exigía al gobierno de esa región española solo cumplir con las decisiones del legislativo de esa autonomía.
El gobierno de Rajoy solicitó llevar el caso al TC y aconsejó a ese órgano un castigo para los dirigentes catalanes que se negaran a cumplir con la ley nacional.
