Santo Domingo, 18 nov (PL) La decisión del Consejo del Poder Judicial de suspender y procesar a seis magistrados acusados de manipular procesos a favor del crimen organizado genera hoy diversas reacciones en República Dominicana.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró que el escándalo que involucra a esos jueces es uno de los actos más bochornosos de las últimas décadas y demandó investigarlo hasta sus últimas consecuencias.
Espero que de demostrarse la culpabilidad de esas personas no sean pasados a retiro y enviados a sus casas, pues se debe ser consecuente con sus actos, dijo el vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños.
También opinaron los diputados Nelson Arroyo, Ramón Rogelio Genao, Hugo Núñez y Henry Merán, de los respectivos partidos Revolucionario Moderno, Reformista Socialcristiano, Revolucionario Dominicano y de la Liberación Dominicana.
Arroyo saludó la decisión del Consejo del Poder Judicial pues, a su juicio, en el país hay que revisar muchas cosas, no solo en la Justicia, sino también a nivel de Ministerio Público y del Gobierno.
Genao lamentó la falta de credibilidad a que ha llegado el Poder Judicial como consecuencia de la carencia de sentencias ejemplarizantes en los casos de corrupción y narcotráfico.
Núñez consideró penoso que los tentáculos del narcotráfico y la corrupción lleguen a la justicia y llamó a estar más vigilantes y supervisar para evitar conductas similares.
En tanto Merán dijo esperar que se asuma una investigación y se defina si los jueces acusados son responsables para establecer sanciones penales, pero insistió en seguir investigando para determinar si hay otros involucrados.
En los tribunales también surgieron opiniones como las ofrecidas a la prensa por los magistrados Miriam Germán y Juan Antonio Delgado, quienes coincidieron en que el caso debe ser investigado para el bien del sistema judicial.
Germán se preguntó si en torno al expediente acusatorio "están todos los que son, o son todos los que están", mientras Delgado dijo que esta crisis judicial tiene que terminar con una respuesta que deje satisfecha a la sociedad.
Por su parte el procurador general, Francisco Domínguez, promotor de estas denuncias, aseguró que no es posible que actores llamados a luchar contra el crimen se hagan sus cómplices y vaticinó que pueden haber más involucrados.
Los jueces suspendidos e investigados son Francisco Alberto Arias Valera, Awilda Inés Reyes Beltré, Delio Antonio Germán Figueroa, José Dionisio Duvergé Mejía, Rosó Vallejo Espinosa y Victor Mejía Lebrón.
Todos han sido señalados por trabajar en común para manipular procesos y favorecer a enjuiciados, negociando la libertad de personas ligadas al crimen organizado, principalmente narcotráfico, lavado de activos y corrupción.
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