El presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), Antonio Ramos, reconoció como positivo el esfuerzo realizado por el Bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicano (PLD), encabezado por su vocero Manuel Elpidio Báez Mejía, al abrir un espacio de diálogo para escuchar a todos los sectores que han expresado su opinión pública sobre la recién aprobada Ley 140-15 que regula el notariado.
En un documento entregado a los legisladores, Ramos expresó que “luego de analizar la legislación aprobada consideramos que este nuevo instrumento legal ha traído consigo un impacto negativo sobre las actividades que desempeñan los ciudadanos que requieren el auxilio de los notarios y sobre los notarios mismos y los que es más grave aún es que muchas de las disposiciones de esta Ley violan nuestra Carta Magna”.
Señala que, además, la Ley va contra el propio desarrollo del cuerpo de notarios de la República Dominicana, toda vez que congela el número de notario existente hasta que sea factible cumplir con el requisito que establece esta legislación de un notario por cada 10,000 habitantes.
Actualmente hay más de 3,000 notarios, lo que implica que la población dominicana debería sobrepasar los 30 millones de habitantes antes de pensar algún abogado en ser notario. Es decir, que la Ley “contraviene el artículo 62 de la Constitución dominicana, toda vez que impide el derecho al trabajo de los abogados que deseen dedicarse a la función notarial”, explica la ONEC en su documento.
En ese mismo sentido, la ONEC expresa que la Ley transfiere facultades que ahora ejercen los alguaciles judiciales al ejercicio exclusivo de los notarios, restando seguridad jurídica y encareciendo todo proceso judicial.
Por ante los legisladores que conforman el Bloque de Diputados, además de ONEC, comparecieron el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Cámara Americana de Comercio (AMCHAM-RD), la Asociación de Alguaciles, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Fundación Justicia y Transparencia, la Asociación de Bancos Comerciales de República Dominicana (Abancord), la Asociación de Bancos (ABA) y algunas instituciones del Estado como el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República. Todas coincidieron en la necesidad de posponer la implementación de la Ley de Notarios para revisar innúmeros aspectos de la misma que entran en contradicción con el ordenamiento legal dominicano, incluyendola Constitución Dominicana.
ONEC reiteró su pedido a la Cámara de Diputados para que apruebe la iniciativa sancionada en el Senado que pospone por un año la implementación de esta legislación y para que se aboque de inmediato, con el concurso de los sectores públicos y privados de la sociedad a una revisión exhaustiva de dicha pieza para obtener un instrumento legal que aporte estabilidad, desarrollo y seguridad jurídica a nuestro país.
