A tres años de la muerte de “Esperancita”, madre de la joven insiste en que la justicia investigue este caso de mortalidad materna prevenible Hoy recordamos este caso en el que una joven dominicana de 16 años con leucemia y embarazada murió porque no le aplicaron a tiempo la quimioterapia que requería para luchar por su vida. Así mismo, acompañamos a su madre que reclama justicia.
Santo Domingo.- Hoy hace tres años falleció Rosaura Almonte, conocida públicamente como “Esperancita”, una joven dominicana de 16 años con leucemia a quien no le aplicaron la quimioterapia que requería para luchar por su vida porque estaba embarazada. Durante el tiempo que permaneció en la clínica, ni Rosaura ni su madre –Rosa Hernández- fueron informadas sobre las causas de la enfermedad ni las consecuencias de no iniciar a tiempo el tratamiento indicado para estos casos, ni tampoco de los riesgos de aplicar quimioterapia sin interrumpir el embarazo. Todas las decisiones sobre la vida y la enfermedad de su hija se tomaron sin informarles ni consultarles, ha dicho Rosa Hernández en repetidas oportunidades.
En busca de que se investigue y aclare qué se hizo mal en el caso de su hija fallecida, se establezcan responsabilidades y las sanciones correspondientes, en julio de 2013 la madre de la joven entabló los recursos legales que tenía a disposición, sin que hasta el momento haya habido avance alguno.
Por eso hoy, tanto la madre como Women’s Link y La Colectiva Mujer y Salud –apoderadas de la señora Hernández-‐ insistimos en la necesidad de avanzar el proceso judicial, y manifestamos confianza en que con su actuación, el sistema de justicia dominicano garantizará los derechos a la salud, la integridad y la vida de las mujeres embarazadas. De esta manera, contribuirá a evitar que nuevos casos como éste ocurran en República Dominicana, considerado el cuarto país en donde se presenta el mayor número de muertes maternas de la región de Latinoamérica y el Caribe.
A tres años del fallecimiento de Rosaura (“Esperancita”), es preciso recordar que, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, los Estados deben garantizar el acceso completo a todos los tratamientos de salud que tanto mujeres como niñas requieran, incluyendo el aborto terapéutico.
Para que casos como el de Esperancita no se repitan en el país se hace impostergable adoptar la Ley de salud sexual y salud reproductiva que cursa en el Congreso, que junto al Código Penal que entra en vigencia en diciembre, constituyen el principal marco jurídico para garantizar el acceso seguro y de calidad a los servicios de salud sexual y salud reproductiva de las mujeres dominicanas.
