En un evento celebrado este jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU, bajo el titulo sobre los desafíos de Paz y Seguridad que enfrentan los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo para tratar el tema del cambio climático y la manera en que este afecta a los territorios insulares en vías de desarrollo, el Representante Permanente a la ONU, Embajador Francisco A. Cortorreal, dijo que “La República Dominicana, se encuentra en una particular situación que nos hace vulnerables a los efectos negativos del cambio climático. Dentro de nuestras prioridades, ocupa un lugar sobresaliente todo lo que tiene que ver con la seguridad humana. Para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo como el nuestro, esto es particularmente importante”.
Al señalar los avances logrados por la República Dominicana con la construcción de grandes presas hidroeléctricas de usos múltiples y miles kilómetros de canales de irrigación, el embajador Cortorreal puntualizo que “pese a esos avances, los efectos del cambio climático han empezado a afectar la eficiencia de nuestro sistema de aprovechamiento hidráulico”.
El representante dominicano termino su ponencia sobre este importante tema, diciendo que “es conveniente y de gran importancia, que el Consejo de Seguridad emita una resolución, reconociendo la naturaleza socialmente perturbadora y amenazante de los efectos predecibles del cambio climático”.
Aunque esta importante reunión del Consejo de Seguridad, que contó con la presencia de unos 20 primeros ministros y cancilleres, tenía su agenda bien establecida sobre el cambio climático, el canciller de San Vicente y las Granadinas, saliéndose del marco especifico de la reunión y ante la sorpresa de numerosos expertos presentes, arremetió nuevamente contra la política migratoria de la República Dominicana.
El embajador dominicano, al concluir su intervención sobre el tema de agenda, el cambio climático, procedió a rechazar de manera categórica las acusaciones del canciller de San Vicente y las Granadinas, diciendo que “La República Dominicana, en ejercicio de sus atribuciones soberanas, dentro de un irrestricto orden judicial y constitucional, ha aplicado su Plan Nacional de Regularización Extranjeros, siempre con el debido respeto por la dignidad humana, apegada a los principios y las normas establecidas en las convenciones internacionales de derechos humanos”.
