Washington, 21 jul (PL) La defensa del senador Robert Menéndez acusó a fiscales federales y al FBI de mentir en un proceso por avanzar un caso de corrupción que podría llevar al político a la cárcel, informan hoy medios de prensa.
Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, enfrenta una acusación de usar la influencia de su cargo para promover los intereses comerciales de su amigo y donante, el oftalmólogo Salomon Melgen, quien también está acusado de desfalcar por millones de dólares al sistema de salud estadounidense.
Según el diario The Washington Post, los letrados del legislador están respaldados por un fondo de defensa legal que recaudó tres millones, en gran parte de cabilderos y grupos pro-Israel que ven en el expresidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado un aliado clave en la oposición a un acuerdo nuclear con Irán.
Agrega el Post que los documentos presentados apuntan a una posible contradicción que amenaza con socavar una acusación central contra Menéndez, quien presuntamente cabildeó personalmente con altos funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos para ayudar a Melgen, que está bajo investigación por la presunta sobrefacturación al Medicare.
Al atacar la credibilidad del Departamento de Justicia, Menéndez y sus abogados hacen afirmaciones que recuerdan los errores procesales que obligaron al gobierno en 2009 a retirar una condena por corrupción contra otro senador Ted Stevens (R-Alaska).
Un portavoz del Departamento de Justicia citado por el rotativo el lunes indicó que el gobierno revisará los documentos presentados, más de 400 páginas, y responderá con sus propios argumentos el mes próximo.
En general, al gobierno le gusta hablar a través de la corte y no a través de la prensa, dijo el portavoz de Justicia Peter Carr. Vamos a presentar una respuesta en el momento oportuno a la corte, puntualizó.
En abril el político fue informado de 14 cargos por utilizar la influencia de su oficina para promover los intereses financieros de Melgen a cambio de regalos de lujo, vacaciones y más de 750 mil dólares en donaciones de campaña.
Entre sus argumentos la defensa alega que el Departamento de Justicia ignoró una protección constitucional que prohíbe la persecución penal de los miembros del Congreso por hacer su trabajo oficial como legisladores.
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