Siempre he sido un crítico del trato que el Estado dominicano ha dado a los inmigrantes haitianos y sin pretender decir que todo ahora es perfecto, he comprobado que el gobierno del presidente Danilo Medina aplica la política más justa y humana ejecutada en la historia de República Dominicana.
Dice un refrán que “no hay mal que por bien no venga”, y este se ajusta al momento. La necesidad de corregir los efectos negativos de sentencia 168-13 emitida por Tribunal Constitucional, que desnacionalizó injustamente a miles de dominicanos por su origen haitiano, ha traído como positivo una correcta política migratoria cuyos frutos hoy son visibles.
Es obvio que la misma no satisface a todo el mundo, pues es sabido que internamente hay sectores influyentes que sustentan que desde el 1929 a la fecha, los inmigrantes y todos sus descendientes nacidos en República Dominicana son haitianos, y por tanto, deben de ser enviados a ese país vecino.
En el exterior ni decir, comenzando por Haití, que desearía que el desorden migratorio prevaleciera en República Dominicana, para que desde ese país ingresen sus ciudadanos como “chivos sin ley” y así, sus gobernantes contar una “válvula de escape” a su eterna crisis social y económica.
Y detrás de Haití, una maquinaria internacional que nos juzga por situaciones del pasado -incluida la oprobiosa matanza de haitianos perpetrada por la dictadura de Trujillo- y valora muy poco las iniciativas del actual gobierno, que están orientadas a poner orden en la migración, con una política respetuosa de los derechos humanos.
Los resultados están ahí: A unos 55 mil dominicanos que por su origen fueron despojados se les han devuelto sus documentos, y todo el que pudo probar, así fuera con testimonios, que nació en República Dominicana, ha comenzado el proceso de reconocimiento de su nacionalidad.
En el caso de los inmigrantes indocumentados, todos los que recibieron la documentación de identidad del Estado Haitiano, ha sido regularizado. Aquellos que no lograron hacerlo, las causas son obvias y las responsabilidad no es de la parte dominicana, sino del gobierno haitiano.
En todo esto, el gobierno ha ido logrando el acoplamiento de su política exterior, más dinámica y acorde a los desafíos nacionales, siendo uno de ellos nuestra histórica y conflictiva relaciones con Haití.
Además, se ha logrado una efectiva política de comunicación, bien activa y edificante del proceso que ha desarrollado el gobierno para encarar la crisis diplomática que se le presentó a partir de la sentencia 168-13, y evidenciar los resultados logrados con las leyes y normas migratorias posteriores. Los méritos de esa politica de comunicación recaen de manera especial en Roberto Rodríguez Marchena, quien ha sabido desarrollar una plataforma comuicacional estatal con gran capacidad de repuesta ante las crisis que se le han presentado al Gobierno.
Lo que se impone ahora a cada dominicano y dominicana es apoyar esta política migratoria del Gobierno, para que el proceso concluya con una definitiva política migratoria, aunque se requiera mantener una actitud crítica del mismo.
