Santo Domingo, D. N., 15 de abril del 2015.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, pidió este miércoles la renuncia en pleno de los jueces que componen las altas cortes, incluyendo a los suplentes del Tribunal Superior Electoral, por haber incurrido los integrantes del TC y TSE, en faltas graves en el ejercicio de sus funciones al producir un aumento salarial, en violación al artículo 140 de la constitución de la república, que establece que ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley.
Respeto a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, a los que también la organización de la sociedad civil reclama su dimisión, la fundamenta en que el alto tribunal judicial se ha apartado de los principios de esta alta corte como la equidad que procura el juzgamiento equitativo de los ciudadanos, sin favoritismo ni privilegio, el cual ha abandonado con la escogencia de jueces de la instrucción especial que han conocido los casos de corrupción que hasta allí han llegado y evacuando decisiones alejadas del sano juicio, en adición al estancamiento de centenares de casos pendientes de decisiones judiciales que la alejan cada vez mas del principio de prontitud y celeridad con el que debe actuar.
Asimismo ADOCCO, destacó otras causales por la que solicita a los jueces del organismo judicial que preside el Dr. Mariano Germán Mejía, es el hecho de refrendar las decisiones del Consejo del Poder Judicial, que dispuso el año pasado el traslado arbitrario y sospechoso de las magistradas Elka Reyes Olivo y Rosanna Vásquez Febrillet, Juezas del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, respectivamente; la primera fue transferida a la Sala Civil del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Santo Domingo; mientras que a la segunda fue enviada a la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional.
Acusó a la Suprema Corte de Justicia de violar la Ley No. 327-98, sobre Carrera Judicial, que prevé el traslado como un beneficio. En este sentido, queda expresado en los artículos 18 y 23 de dicho Estatuto de la Magistratura Judicial que los traslados deben contar con la anuencia previa de los beneficiarios. De igual forma, el Reglamento que rige la materia consigna en su artículo 71 que de acuerdo con los principios constitucionales de inamovilidad y permanencia en el cargo, los procedimientos de provisión de los cargos judiciales son enteramente voluntarios; asimismo el Estatuto del Juez Iberoamericano consagra en su artículo 16, respecto de la inamovilidad interna, que la garantía de inamovilidad del juez se extiende a los traslados, promociones y ascensos, por lo cual en tales aspectos se exige el libre consentimiento del interesado.
A juicio del Coordinador General de la organización que lucha contra la corrupción, con esas acciones, los jueces de las altas cortes violan, la ley y la constitución, constituyendo faltas graves en el ejercicio de sus funciones, por lo que de no obtemperar al pedido formulado de renuncia a sus posiciones, le será solicitado a la Cámara de Diputados que aperture una investigación tendente a juicio político ante el senado de la república. Termino diciendo Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, vocero de la entidad de la sociedad civil.
