Santo Domingo.- El Ministerio Público y la Institución Social Colectivo de Salud Popular (COSALUP) darán inicio a un programa de formación de alrededor de un centenar de ciudadanos y ciudadanas de diferentes localidades, que serán integrados a las labores de prevención de la violencia por medio del diálogo, como vía de resolución alternativa de conflictos.
Las actividades están contempladas en un acuerdo de cooperación que fue firmado por el procurador general, Francisco Domínguez Brito; el presidente de COSALUP, doctor Prasedez Antonio Polanco, y como testigo por Ángel Gomera, director del Sistema Nacional de Resolución de Conflictos del Ministerio Público (SINAREC), dependencia en el marco de la cual se desarrollarán las acciones educativas y de fortalecimiento del desarrollo social.
El procurador Domínguez Brito dijo que buscan sumar esfuerzos en el proceso que han iniciado para promover la paz. “Es un gran honor que podamos trabajar de manera conjunta en este plan con el cual procuramos promover la armonía en la comunidad, todo orientado al establecimiento de una cultura de paz y buena convivencia”, expresó.
Mientras que Prasedez Polanco destacó el trabajo que viene desarrollando la Procuraduría General en ese sentido, a la vez que agradeció la oportunidad que se les brinda de poder contribuir con el combate de la violencia, especialmente, la relacionada a los casos que se registran en contra de las mujeres y de carácter intrafamiliar.
Una comisión mixta, integrada por representantes de ambas instituciones, será la responsable de la coordinación, el desarrollo y seguimiento del acuerdo, la cual estará integrada por Ángel Gomera, en representación del Ministerio Público, y por COSALUP por la licenciada Fermina García Trejo, directora ejecutiva de esta entidad, y Mayelin Merejo Taveras, suplente.
El programa de capacitación incluye un ciclo de formación basado de manera especial en la mediación comunitaria, familiar y de condominios.
Se acordó como parte de las acciones que serán impulsadas la conformación de espacios para las labores de mediación y solución de conflictos en diferentes comunidades, labores que serán desarrolladas con el debido seguimiento del Ministerio Público.
El convenio, que fue firmado en la Procuraduría General de la República, tendrá un año de duración.
