No tiene fundamento el hablar de partido único, pues en unas elecciones sin equilibrio, como las del 2012, la oposición al oficialismo alcanzó un 47% y se observa un creciente disgusto en la población hacia la organización que ha controlado los resortes del Estado en los últimos tiempos.
De poco ha valido sustraerle al PRD a los verdaderos perredeístas—en una estrategia de autoría peledeísta y usando como instrumento “legal” al Tribunal Superior Electoral—, pues la mudanza hacia el Partido Revolucionario Moderno se aproxima al cien por ciento, conforme a generosas firmas encuestadoras que otorgan a Miguel Vargas una intención de votos del 2%.
Los opositores al PLD y al gobierno se aglutinarían en el PRM y la Convergencia por un Mejor País y no tengo la menor duda, lo he sostenido en múltiples ocasiones, de que se puede construir una mayoría electoral, pese al uso y abuso de los recursos del Estado. La única preocupación radica en los parcializados y desacreditados órganos electorales.
Esa preocupación se la externé recientemente a Luis Abinader, quien luce como el inminente candidato presidencial de la oposición, y su respuesta no se hizo esperar: “Danilo, la Junta Central Electoral no le quitó un solo voto al PRD en las elecciones del 2012”. Hablo del candidato vicepresidencial en ese evento, quien tiene que estar mucho mejor informado que el suscrito.
La JCE no le quitaría votos a la oposición, pero ¿no le sumaría al PLD? Además, ¿por qué la JCE permitió que las fuerzas Armadas estén en las calles el 20 de mayo del 2012 comprando cédulas de opositores y se impidió, por todos los medios, que se den a conocer resultados de encuestas realizadas a boca de urnas?
La actitud sospechosa de Roberto Rosario, con miras al certamen del 2012, comenzó desde el momento en que mostró obstinación en la permanencia de un director del Centro de Cómputos que la oposición rechazaba. Si él –Roberto Rosario— no era candidato, sino un juez que debía de velar por un proceso transparente y al margen de suspicacias, jamás debió de aferrarse a un funcionario que, según se especuló, garantizaba una plataforma informática fraudulenta no detectable.
Hace muchos años que un peledeísta me dijo (hablando de Roberto Rosario): “Ese muchacho es capaz de cualquier cosa, es de las personas que come frito maduro caliente sin hacer una sola mueca”.
La JCE, sobre todo su presidente, no merece crédito, pero mucho menos el TSE, compuesto por cinco activistas políticos bendecidos ahora por el cardenal, quien los exhortó recientemente, en una misa celebrada en la Catedral, a “que sigan actuando con firmeza, como hasta ahora lo han hecho”.
Es decir, el cardenal López Rodríguez, que los diarios dan cobertura a todas sus declaraciones políticas, pero no publican nada en su contra, aprobó las sentencias parcializadas y antijurídicas que esa alta corte ha dictado, sobre manera en torno al conflicto del PRD y las medidas antidemocráticas asumidas por el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, en el marco de un evidente pacto con Leonel Fernández y Danilo Medina.
El Tribunal Superior Electoral hizo lo que hizo con el PRD y nada pasó, todo se quedó igual, por la actitud irresponsable y conservadora de Hipólito Mejía, que viene haciendo negocios con el gobierno a través de sus empresas agrícolas.
Esos señores se sienten estimulados por ese precedente del PRD. Se han pasado de contentos, pero cada uno de ellos anda escoltado por militares. Así podrían pasarse el resto de su vida, porque ellos cinco se han abrogado el derecho de decidir el destino político de un pueblo, indistintamente de la expresión del sufragio.
Y creerse tener el poder para vulnerar la voluntad expresada en las urnas es un eventual motivo de una tragedia nacional. Y la protección de la escolta podría resultar insuficiente.