La Paz, 16 dic (PL) Cuatro personas implicadas en una red de corrupción dentro de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ingresaron hoy a prisión preventiva, luego que una jueza dictó medidas cautelares en su contra a solicitud de la Fiscalía.
La exempleada de la corporación Selva Camacho fue conducida a un penal de Santa Cruz (oriente de Bolivia), mientras su hijo Luis Bell, y las acusadas Yalile Bravo y Erika Rojas permanecerán en cárceles de La Paz.
El abogado de la defensa prevé apelar la decisión judicial.
Según el fiscal Leopoldo Ramos, los delitos en que concurrieron los cuatro son asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y cohecho.
Esas personas fueron arrestadas el pasado día 10 en Santa Cruz, La Paz y Pando.
También están involucrados en el escándalo Guido Alarcón -actualmente preso en esta capital- y el exjefe de la Unidad de Comunicación de YPFB Ever Terán, quien cumple detención domiciliara desde la semana anterior.
Según la Unidad de Transparencia de la petrolera, todos ellos se beneficiaron con importantes contratos adjudicados ilegalmente a cinco empresas que brindaron servicios de catering y publicidad sin tener experiencia ni presentarse a licitación pública como dictan las leyes.
Se calcula que los implicados causaron un daño económico al país de más de tres millones de bolivianos (432 mil 540 dólares) con sus acciones ilegales.
Durante la audiencia de medidas cautelares, los acusados denunciaron la participación en el caso de otro funcionario de YPFB, quien incluso posee un patrimonio de 18 casas.
El fiscal Ramos informó que desde este martes investigará las nuevas evidencias.
A raíz del escándalo, YPFB determinó abrir una gerencia que negociará y firmará contratos sobre prestaciones de servicios para evitar nuevos incidentes de corrupción en la empresa.
De acuerdo con el presidente de la corporación, Carlos Villegas, la entidad estará asentada en La Paz, pero tendrá alcance nacional y dividirá el proceso de contrataciones en tres etapas antes de aprobarlo.
La petrolera también habilitará una Dirección de Seguimiento con el objetivo de controlar de manera permanentemente todos los convenios sobre compra de bienes y prestación de servicios.
