A juicio del abogado Namphi Rodríguez se hace urgente que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre “la inercia y la indiferencia” de las autoridades respeto de la gran cantidad de productos farmacéuticos y comestibles que se comercializan en el país sin registro sanitario y sin etiquetado en español, lo que expone a una situación de riesgo grave de salud a la ciudadanía.
Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y Derecho, dijo que hace un año esa entidad interpuso un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional para que se ordene al Ministerio de Salud Pública y a Proconsumidor cumplir con el mandato de las leyes 41-08, General de Salud, y 358-05, de Protección de los Derechos de los Consumidores y Usuarios.
“Salud Pública está obligada a vigilar la calidad de los productos que se comercializan en el mercado dominicano cumplan con las reglas de seguridad y salubridad que mandan las leyes y la Constitución”, agregó al tiempo de recordar que el recurso se elevó en marzo del 2013.
Previo al recurso, la Fundación Prensa y Derecho realizó un estudio denominado “Situación de los Consumidores Dominicanos Respecto del Derecho a la Información y el Deber de Seguridad en Productos Alimenticios y Farmacológicos”, determinando que más de 20 mil productos farmacológicos y alimenticios se comercializan en el mercado dominicano sin registro sanitario, a lo que se agrega la falta de seguridad que representa la falta de etiquetado en español con información sobre componentes de fabricación, plazos de vencimientos y situaciones de peligrosidad.
Rodríguez advirtió que “esa situación está exponiendo a la ciudadanía a riesgos invaluables por la alteración y falsificaciones de productos de todo tipo, muy especialmente farmacéuticos y comestibles.
Reveló que han recibido denuncias de asociaciones de productores agropecuarios que se quejan de que las alteraciones y manipulaciones industriales en los productos de ese sector los hacen menos eficaces, por lo cual tienen que adquirir dos o tres veces el mismo producto para conseguir el fin buscado.
El presidente de Prensa y Derecho puntualizó que las leyes General de Salud y de Protección a los Derechos de los Consumidores y Usuarios delegan en el Ministerio de Salud y en Pro Consumidor el deber de regular los bienes comestibles y de salud.
