El presidente de la comisión de justicia de la Cámara de Diputados reapaldó este jueves la posición de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) de que la falta de coordinación entre el Ministerio Público y la Policía, así como la resistencia de la uniformada a someterse a cualquier autoridad civil, son los principales males identificados, al evaluar la primera década de implementarse la reforma procesal penal.
Demóstenes Martínez dijo que la legislación dominicana es clara y establece que la Policía Nacional está subordinada al Ministerio Público y por lo tanto los fiscales son los responsables de la investigación.
“Servio Tulio Castaños Guzmán tiene mucha razón de que la Policía quiere estar por encima del Ministerio Público en la pesquisa “, apuntó.
El legislador del PLD por Santiago dijo que el llamado que hace FINJUS es oportuno y tiene que recibir el respaldo de la sociedad, a fin de ajustar a la institucionalidad, donde el Ministerio Público es quien debe encabezar todos los procesos investigativos y los agentes fungir de asesores.
En tanto, la diputada Juana Vicente, aseveró que ambas instituciones deben analizar el aspecto de coerción, ya que en múltiple oportunidades sale a relucir las diferencia de criterios en los casos que indagan.
"No obstante, señaló, el Código Procesal Penal debe fortalecerse en el sentido para que las dos entidades puedan trabajar de manera coordinada y sin trauma".
