HIGUEY, República Dominicana.- El Tribunal de Tierras de Higüey rechazó un recurso de amparo mediante el cual se pretendía detener el desalojo del Central Romana de los terrenos que ese consorcio ocupa ilegalmente en la comunidad de Nisibón, provincia La Altagracia, de la región Este del país.
Este lunes 15 de agosto, el Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original de Higüey declaró “inadmisible” el recurso de amparo interpuesto por el Central Romana Corporation, y con el que se pretendía detener la decisión de la Procuraduría General de la República que le otorgó a esa corporación un plazo de 20 días para que entregue voluntariamente el importante inmueble playero a las familias higüeyanas Richiez y Morla.
Después de un arduo debate que se extendió por más de cinco horas, el magistrado Arístides Dalmiro Heredia Sena, declaró inadmisible el recurso del Central Romana por entender que, de haberse conocido la acción en los términos propuestos, se hubiesen tocado cuestiones del caso que no son propias de este tipo de recurso, que procura de manera sencilla la restitución de un derecho fundamental vulnerado.
De acuerdo con la barra de abogados de las familias Richiez y Morla, este nuevo fallo contra del Central Romano constituye un paso importante en cuanto a la necesidad de frenar los “aprestos ilegales” del Central Romana Corporation de desconocer las sentencias con autoridad de la cosa juzgada y que ordenan su desalojo inmediato de los terrenos ocupados.
“El Central Romana pretende desconocer el ordenamiento jurídico dominicano, en específico, el auto de la Procuraduría General de la República que le ordena la entrega voluntaria de las señaladas parcelas, cuyo plazo de 20 días está suficientemente vencido”, expresó Salvador Catrain, uno de los abogados intervinientes en el caso.
Catrain dijo esperar que en las próximas horas se produzca el desalojo forzoso con el auxilio de la fuerza pública, a otorgarse para tales fines por parte del Abogado del Estado del Tribunal Superior de Tierras.
Agregó que a pesar de la gran cantidad de sentencias de los tribunales y de las resoluciones del Ministerio Público que ordenan el desalojo, el Central Romana ha procedido a reforzar la seguridad de los terrenos que ocupa ilegalmente con más de 50 guardianes privados fuertemente armados y con chalecos antibalas, lo que además de un desacato judicial, precisó, representa un desafío al Ministerio Público y a la Policía Nacional.
