El tribunal, presidido por la magistrada Miriam Germán Brito, Alejandro Moscoso Segarra, Frank Soto e Hiroito Reyes, admitió como interviniente a la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa, Laura Guerra y los abogados del Banco Central.
La Suprema Corte de Justicia adoptó la decisión luego de acoger un recurso de casación interpuesto por Álvarez Renta en contra de la decisión dictada por los jueces de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el pasado 12 de febrero.
Alvarez Renta cumple 10 años de prisión de la cárcel de Najayo, luego que fuera condenado por el defalco del Banco Intercontinental que presidía Ramón Báez Figueroa, quien antes había logrado la libertad condicional.
En la sentencia se declara con lugar el referido recurso de casación y en consecuencia, casa sin envío la sentencia impugnada y procede a dictar directamente la decisión del caso, ordenando la libertad del economista. Los jueces ordenaron que la decisión sea notificada al juez de la Ejecución de la pena de San Cristóbal.
Los jueces sostienen que debe computarse el período de tiempo de condena de Álvarez Renta, ya que durante el mismo éste no gozó de una libertad plena y no se colocó en una situación motu proprio.
