El presidente ejecutivo de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave) dijo que entre 2002 y 2011 todos los países del continente, excepto República Dominicana y El Salvador, experimentaron crecimientos en las ventas de autos nuevos.
Enrique Fernández expresó que ese crecimiento promedio fue de un 125%, contra un descrecimiento de 34% en República Dominicana.
El presidente de Acofave, al intervenir en la última sesión del Senado, planteó la necesidad de reforzar las medidas de protección a los derechos de los consumidores y usuarios con el respaldo de postventa y garantía en la importación y venta de vehículos en todo el sector.
“Sugerimos la conformación de un organismo técnico estatal cuya función sea la consolidación de normativas que hoy son manejadas de manera individual por las diferentes instituciones del gobierno nacional, y que cuya orientación obedecen a otra naturaleza diferente a la automotriz”, manifestó Fernández a los representante de la Cámara Alta.
El dirigente empresarial señaló que “debemos desarrollar normas para los establecimientos de comercialización y/o de reparación de vehículos de motor, donde se respeten los espacios residenciales, el medio ambiente y los acuerdos de los cuales el país es signatario”.
Sugirió una reforma de la legislación financiera que ayude a abaratar los costos de financiamientos y faciliten los procesos de adquisición y comercialización de vehículos, como los floorplaning, ventas condicionales, entre otros.
Fernández ve como una necesidad hacer crecer el mercado apoyando un programa que promueva la compra de vehículos nuevos, como renovación del parque de vehículos de servicios de transporte público por la sustitución de vehículos nuevos más eficientes y el plan de vehículo familiar y /o mi primer vehículo.
En cuanto a las placas, el presidente ejecutivo de ACOFAVE entiende que resolver la actualización de la renovación anual del marbete, eliminando el porcentaje sobre el valor y estableciendo una escala indexada anualmente por la inflación fijada por el Banco Central y calculada en base a la generación de dióxido de carbono (CO2) de cada vehículo.
