La entidad alerta sobre planes soterrados de legisladores orientados no dejar pasar la referida pieza.
SANTO DOMINGO.-La Colectiva Mujer y Salud, a través del Observatorio de Ciudadanía Activa de las Mujeres expresa su preocupación por lo que parece ser la intención soterrada de algunos legisladores de boicotear el Proyecto de Ley Orgánica que crea el Sistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, mediante la manipulación y la mentira.
Si tomamos en cuenta los verdaderos objetivos y contenidos de ese proyecto de ley, el escándalo fabricado por algunos diputados se evidencia como un burdo intento por impedir que el país mejore su sistema legal y jurídico contra la violencia hacia las mujeres. Se trata de acciones dirigidas a limitar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, apelando al cuco del matrimonio homosexual. La realidad es que a los legisladores implicados en estas acciones les resulta más conveniente manipular la conciencia colectiva del pueblo mediante la mentira que expresar abiertamente su postura misógina contra los derechos de las mujeres.
El objeto de dicha pieza, según lo establece su artículo primero, es “crear el Sistema Integral para la Prevención, Detección, Atención, Persecución, Sanción y Seguimiento de todas las formas de violencia contra las mujeres basadas en las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, mediante la regulación de políticas públicas orientadas al reconocimiento, respeto y garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.
Esta iniciativa nace del interés de la Procuraduría General de la República, a través de la Procuraduría Adjunta de la Mujer y en acuerdo con la Comisión de Género de la Cámara de Diputados, de que se trabajara una propuesta de Ley integral sobre violencia. La misma se articula con un anteproyecto de ley sobre feminicidio del Senador Félix Bautista y posteriormente se transforma en una propuesta de ley integral que involucra a diferentes actores estatales y no estatales en su redacción y revisión, entre ellos: la Procuraduría General de la República, el Ministerio de la Mujer, la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio de Salud Pública, el Foro Feminista, Profamilia, Colectiva Mujer y Salud, el PACAM, el Centro de Estudios del Género, así como la Comisión de Género y Familia del Senado y la Comisión de Género de la Cámara de Diputados. Contó con el apoyo de la Vicepresidencia de la República, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Agencia Española de Cooperación.
El proceso de elaboración de la propuesta incluyó asimismo la realización de seminarios, Vistas Públicas, y consultas a expertas y expertos. Una vez elaborada, la propuesta fue revisada por un grupo de juezas del sistema de justicia. En noviembre del 2012 fue aprobada en el Senado, en febrero 2013 es remitida a la Cámara de Diputados, en abril 2013 se apodera a la Comisión de Género y a la Comisión de Ministerio Público para su revisión. El Proyecto perime, por lo que la Diputada Magda Rodríguez lo reintroduce de nuevo en el 2014. Es importante señalar que el Proyecto también pasó por la Oficina Técnica de Revisión Legislativa.
Ninguna de las instancias antes mencionadas objetó la frase que ha despertado el pánico homofóbico entre ciertos sectores del Congreso. Igualmente llama a suspicacia el carácter extemporáneo de las declaraciones del Presidente de la Cámara, dado que al momento de formularlas el proyecto de ley no estaba en la Agenda del Día ni la comisión apoderada del mismo había emitido su informe.
Las organizaciones que hemos estado apoyando la elaboración de esta ley y reclamando su aprobación seguiremos en pie de lucha por entender que el país necesita de herramientas legales más efectivas para enfrentar la violencia contra las mujeres. Su aprobación cumpliría con el artículo 42, numeral 2 de la Constitución, que establece: “Se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas. El Estado garantizará mediante ley la adopción de medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”.
Exhortamos a las y los legisladores a reconsiderar su postura frente a este proyecto de ley, entendiendo que en función de una frase fácilmente modificable no se puede echar a pique el esfuerzo concertado de tantas organizaciones y sectores de la vida nacional. El país demanda con urgencia una ley más efectiva para hacer frente a la violencia basada en el género; en estos momentos la responsabilidad histórica por el logro de ese objetivo descansa íntegramente en la Cámara de Diputados.
