La Policía desmanteló ayer en Herrera, Santo Domingo Oeste, un laboratorio clandestino con la fachada de una boutique en el que se cometían fraudes electrónicos contra distintas instituciones bancarias, mientras que en otra acción desplegada en Haina apresó a un hombre que compró combustibles con cheques falsos por más de medio millón de pesos.
El laboratorio operaba en la calle Cuatro número 14, en el ensanche Altagracia de Herrera, propiedad de Gary Ismael Lázaro Contreras, quien se encuentra prófugo, y quien operaba el lugar con la fachada de la tienda D´Gary Moda.
La requisa al lugar fue realizada por oficiales del Departamento de Falsificación de la Policía, atendiendo la orden judicial número 07500-ME-2014, del primero de abril pasado, emitida por la magistrada Josefina Ubiera Guerrero, jueza del tribunal Atención Permanente, de la provincia de Santo Domingo.
En el lugar requisado los agentes ocuparon un Beeper (skiming) revelar los datos de las tarjetas electrónicas; una magnetizadora, cuatro memorias, cuatro discos duros, dos rollos de cinta para pintar tarjetas y un disco duro clonado.
También ocuparon nueve tarjetas expedidas por distintos bancos, cuatro cédulas de identidad y electoral, y una licencia de porte y tenencia de arma de fuego, emitida por el Ministerio de Interior y Policía.
Lázaro Contreras está acusado de realizar múltiples fraudes electrónicos contra distintas instituciones bancarias a que habría estafado distintas sumas de dinero, por lo que se activa su localización para entregarlo a las autoridades judiciales.
Apresan hombre compró combustible con cheques falso.
En otro orden, miembros del Departamento de Falsificación de la Policía apresaron a Benjamín Polanco Feliz, de 44 años, residente en Haina, acusado de comprar combustible por 540 mil 370 pesos con cheques falsos.
Polanco Feliz compró el combustible en la empresa R. Javier Euro Diesel, la cual se querelló contra éste en la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo.
El detenido era requerido por el juez Oscar Moquete Cuevas, de la jurisdicción de Atención Permanente de la Provincia de Santo Domingo, donde se le conocerá medidas de coerción.