<b>El presidente de la comisión de justicia del Senado, Francis Vargas, justificó este martes la sustitución del párrafo tres del artículo 85 del Código Procesal Penal, que le quita prerrogativa al ciudadano de querellarse contra cualquier funcionario o ex funcionarios que alegadamente cometieran corrupción en sus funciones.</b>
El senador por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de la provincia de Puerto Plata, expresó que el ciudadano podrá denunciar los actos irregulares cometidos por funcionarios, pero no querellarse contra éstos, por ser una facultad de los legisladores.
Vargas en rueda de prensa en el bloque del PLD destacó la diferencia entre “denuncia y querellarse”, la cual es muy muy amplia, por lo que advierte que nadie puede dirigirse ante una fiscalía o corte judicial a emitir querella alguna en contra de un encargado ministerial del Estado.
Apuntó que el Senado hizo uso de su facultad de legislar para asentar que ningún ciudadano puede querellarse en contra de un funcionario público, aunque sí lo puede denunciar.
En tanto, Julio César Valentín, senador por Santiago, señaló que fueron muchos cambios que introdujo la comisión de Justicia, pero que el liderazgo es transaccional, “yo no quería votar por esa posición, pero el colectivo entendió la ley posible”.
<b> Vistas públicas Códigos Civil y Penal </b>
Por otro lado, el senador Francis Vargas anunció que después de la Semana Santa se iniciará un proceso de vistas públicas sobre la modificación de los Códigos Civil y Penal.
Indicó que el 22 de este mes de Abril se llevará a cabo unas vistas públicas para conocer la opinión de todos los sectores jurídicos nacionales, así como de otras entidades como universidades, sobre la enmienda que hará el Senado al Código Civil.
Expuso que para el 29 de Abril se celebrarán las vistas públicas sobre la modificación al Código Penal.El senador Vargas llamó a los juristas, jueces, estudiantes de Derecho de las distintas altas casas de estudios superiores y al Colegio Dominicano de Abogados, para que participen del proceso de consultas de cara a modificar los Códigos Civil y Penal.