<span style="font-size: 12px;">Con el auxilio del Ministerio Público y la fuerza pública se inició esta mañana en diferentes regiones del país un amplio operativo de intimación judicial a bancas de apuestas para que cesen el mercadeo y venta de varios productos sobre los que la Lotería Internacional Dominicana (LEIDSA) reclama derechos de autor y de propiedad intelectual.</span>
Según se informó, cerca de mil bancas y agencias de apuestas están siendo notificadas en este operativo que abarca provincias del Cibao, Sur y Este del país, y que es ejecutado a intención del Centro de Cobranzas Integrales (CECOIN).
Las notificaciones se hacen mediante actos de alguaciles, basados en el impedimento que Leidsa reclama para la comercialización y venta no autorizada de quiniela-palé, tripleta y super-palé, marcas de su propiedad
De acuerdo al informe ofrecido esta mañana mediante boletín de prensa, estos operativos son de advertencia y preparatorios para someter a la justicia a los infractores de la ley 20-00 y 424-06 que protegen los derechos de autor y propiedad intelectual y regulan la comercialización de los productos de lotería.
Las bancas y agencias de apuestas que son notificadas en la fecha están ubicadas en Higuey, San Pedro de Macorís y La Romana, en el Este; Bonao, San Francisco de Macoris, Salcedo, Moca, Santiago y Puerto Plata, en el Cibao; y San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, San Juan de la Maguana, Neyba y Barahona, en el Sur.
“Los operativos continuarán, simultáneo con la incautación de equipos y cierre de bancas, en los casos autorizados por la autoridad judicial competente”, se indicó.
Los “banqueros” se rehusan a acatar requerimientos de LEIDSA y CECOIN para que paguen una cuota mínima mensual por el uso de los símbolos, registro de marcas, plataforma y sorteos de la empresa que los realiza y monta.
Estas empresas, en cambio, poseen los derechos de propiedad intelectual y para la comercialización de los productos quiniela palé, tripleta y super palé, y su uso no autorizado por terceros constituye una violación a la Constitución, el tratado DR-Cafta y otras diversas leyes vigentes.