.JPG)
<b>SANTIAGO.- El abogado Ramón Antonio (Negro) Veras consideró este viernes 28 de febrero que resulta sospechoso que la Oficina Nacional de la Defensa Pública no provea sus servicios al recluso Adriano Román, en el expediente donde se le sindica como cómplice en el intento de asesinato de su hijo Jordi Veras Rodríguez.</b>
El juicio no ha podido comenzar aunque ha sido enviado en 45 ocasiones, principalmente porque el imputado cambia la defensa privada que lo asiste, mientras que la defensa pública alega que no puede asignar abogados a acusados económicamente solventes, acatando una decisión de Laura Hernández Román, directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública.
Negro Veras, al convocar a una rueda de prensa esta mañana en su oficina, consideró que dicha instrucción general parece haber sido hecha a la medida de la condición de solvencia económica de Adriano Román “y cuadra perfectamente con la táctica utilizada por él para alcanzar su estrategia de eternizar el proceso mediante el cambio de abogado en cada audiencia”.
Agregó que, además de satisfacer a plenitud las pretensiones de Adriano Román y los otros imputados en el caso de Veras Rodríguez, la instrucción señalada viola varios preceptos constitucionales, de manera especial el previsto en el artículo 176, que consagra el derecho a la defensa que tiene todo imputado, que por cualquier causa no esté asistido de abogado privado, de recibir la asistencia gratuita del servicio de la Defensa Pública.
Por igual, destacó que dicha instrucción emitida por la Oficina Nacional de la Defensa Pública “resulta totalmente inaplicable para el caso de mi hijo Jordi, puesto que mucho antes de haber sido dictada, el 17 de octubre del 2013, ya el tribunal que conoce este caso le había respondido a Adriano Román que el defensor público que se le había asignado para su defensa y que se le reasignó en la última audiencia, debía quedarse hasta que el nuevo defensor privado que este escogiera, estuviera preparado para conocer el juicio”.
En tal sentido, Negro Veras consideró hoy que una sana decisión del Consejo Nacional de la Defensa Pública sería proceder a revocar la instrucción general, del 31 de enero de este año.