El Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (MIMARENA) y organizaciones de la sociedad civil del
Distrito Municipal de El Cedro, Miches, se enfrentan en un agudo conflicto por
las pretensiones de la institución
oficial de imponer, sin consenso y sin consultar a los lugareños, el plan de
manejo del área protegida y el manejo de las lagunas Redonda y Limón.
La reacción inmediata anunciada hoy domingo (ayer) es elevar un recurso de
amparo en contra del plan de manejo que intentan aplicar las autoridades de
MIMARENA. Un equipo de técnicos y juristas asesora a los
lugareños.
El recurso de amparo protege los derechos y libertades fundamentales a
que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional, así como los incluidos
en la Constitución y en los instrumentos
internacionales sobre Derechos Humanos, lo que se traduce en una decidida
protección a los derechos de los ciudadanos frente a los posibles excesos de la
administración.
Las comunidades de la zona, organizadas en el Consejo de Desarrollo de El
Cedro, el Comité Pro-Desarrollo de los Recursos Naturales de Miches (CONATURA-Miches)
tienen el respaldo solidario y militante de ganaderos, .productores agrícolas,
amas de casa, comerciantes, asociaciones de transportistas, pescadores y propietarios
de terrenos.
No vamos a aceptar imposiciones de
ningún tipo. No queremos enfrentamientos
ni problemas de ningún género.
Entendemos que las autoridades deben dialogar con los representantes de la
sociedad civil de las comunidades y, de mutuo acuerdo, es decir, por consenso,
elaborar un plan de manejo del área protegida de las lagunas Limón y Redonda”,
refirió el Justino Pérez (Tatis), vocero del Consejo de Desarrallo del Distrito
Municipal de El Cedro.
Reconocen la necesidad de preservar los
valiosos recursos naturales, de la región “pero que se haga de una manera justa,
consensuada, y en el lugar de los hechos, sobre todo lo que tiene que ver con
el perímetro”.
Según Tatis, Medio Ambiente se
propone aplicar un plan de manejo unilateral en el área protegida de ambas
lagunas, en violación a la ley sectorial de áreas protegidas 202-04, que dejó
claramente establecida la cantidad de metros destinos al plan de manejo. Abogan
por el acceso libre del público a las playas.
“Ese plan es unilateral, arbitrario, ilegal y abusivo; afectaría grandes extensiones de terrenos
ganaderos, de producción agrícola, cocoteros y de vocación turística, mutilando
de un zarpazo las probabilidades de desarrollo de inversiones y el desarrollo
de esta región”, subrayó Pérez.
“Lucharemos
hasta el final por el derecho a vivir de nuestras tierras. No escatimaremos
esfuerzos en esta lucha desigual. Estamos unidos, que es importante para esta
causa. No descansaremos hasta que el Gobierno que preside Danilo Medina
esclarezca esta enojosa situación”, puntualizan las organizaciones en un
documento de prensa.