El decreto del presidente Danilo Medina que prohíbe la deportación de haitianos es un trago amargo para el Gobierno Dominicano, pero evidentemente se trata de una decisión forzada por las difíciles circunstancias que le ha generado al país en el plano internacional la sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional, que dispuso la desnacionalización de los dominicanos de origen extranjero por supuestas faltas atribuidas a sus ancestros al establecerse en el territorio nacional.
Era predecible que el presidente Medina adoptaría alguna medida extraordinaria para salirse de la trampa tendida a su administración, talvez inconscientemente, por los promotores de una decisión que probablemente no calcularon que los efectos de la reacción contraria superarían por mucho los beneficios políticos esperados.
Aunque Medina trató en algún momento de hacerle coro a los ensoberbecidos defensores de la sentencia, su instinto político y su condición de estadista posiblemente lo indujeron a rechazar la vociferante presión de los defensores ultranacionalistas para no exponer al país y a su gobierno a las consecuencias del aislamiento político y económico que ya había tomado curso en amplias esferas de la comunidad internacional, desde nuestro vecinos del Caribe, incluyendo a Cuba y Venezuela, hasta importantes grupos de presión y círculos intelectuales, académicos, políticos y de poder de América Latina, Estados Unidos, Cánada, Europa y Africa.
Al margen de las reacciones ya conocidas, el Gobierno sabía que no podía esperar nada bueno de la reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, convocada para finales de enero en Ginebra, y de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que se reunirá próximamente. en La Habana, donde el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano sería un punto de primer orden.
En cuanto a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sería como la crónica de una condena anunciada, sobre todo tomando en cuenta el radical informe preliminar de la Comisión Interamericana que sesionó en el país a principios de diciembre.
El gobierno del presidente Medina también estaba consciente del impacto negativo que ha tenido el debate de la sentencia sobre la imagen del país como destino turístico.
Sin embargo, desde mi punto de vista la peor consecuencia inmediata de la sentencia 168-13 para el país es la vulnerabilidad que ha generado en la política institucional del Estado Dominicano para aplicar de manera soberana la Ley General de Migración contra cientos de miles de extranjeros ilegales, que debe ser entendida como una prioridad muy superior a la absurda pretensión de anular la nacionalidad de nuestros propios ciudadanos.
El decreto del presidente Medina prohibiendo la deportación de haitianos ilegales, lamentablemente le da la razón a este párrafo de mi artículo del 13 de octubre sobre “Las consecuencias predecibles de la sentencia del TC”; “El efecto podría revertirse contra el país, creando condiciones más difíciles para aplicar las normas nacionales en materia de migración, un derecho soberano que nadie podría escamotearle al Estado Dominicano, pero que por lo visto es un tema secundario en la agenda forzada por la sentencia del Tribunal Constitucional”. (18 de enero 2013)
