<span style="font-size: 12px;"><b>El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), ratificó la suspensión de tres empleados de esa academia involucrados en la alteración de calificaciones, y ordenó a la Comisión Administrativa conocer los casos en el menor plazo posible y de confirmarse el hecho, recomendar la sanción correspondiente.</b></span>
Los empleados suspendidos son Marleny Aguilera Zapata, código 99-AB88; Antonio Castillo, código CA-8890 y Cristina Peláez, código AB-1236.
Mediante Resolución número 2013-324 de fecha 23 de diciembre 2013, el máximo organismo uasdiano ordena requerir por las vías correspondientes a las personas identificadas que recibieron títulos con calificaciones fraudulentas, devolverlos a la mayor brevedad posible a la UASD.
Dispuso también, comunicar al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) la situación de dichas personas, para que se abstenga de expedir cualquier documentación relacionada con los estudios realizados por estos en esta academia.
En su sesión del pasado día 23 de diciembre, el Consejo Universitario recomendó iniciar el proceso legal correspondiente para la anulación de los títulos emitidos y actuar en justicia elevando las instancias que correspondan en cada caso, según recomiende la Consultoría Jurídica de la institución.
Además, remitir a los consejos directivos de sus respectivas facultades los casos de los estudiantes identificados con calificaciones alteradas en sus records, a fin de que a la menor brevedad posible conozcan los expedientes y de comprobarse dichas fallas, anular las calificaciones y recomendar las acciones disciplinarias que se aplicarán.
Por último, el Consejo Universitario integróuna comisión, encabezada por el Vicerrector Docente, Jorge Asjana David, e integradaporel Consultor Jurídico y el director del Departamento de Informática, para que profundice en forma exhaustiva las investigaciones y la amplíena todos los empleados con claves asignadas en el sistema para trabajar con calificaciones.
En un plazo no mayor de un mes, dicha comisión deberá rendir un informe pormenorizado con las recomendaciones que estime pertinentes.
