El 13 de octubre pasado escribí sobre los riesgos predecibles de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional en un momento en que la controversial decisión ya había logrado dividir la opinión pública nacional y generar una notable corriente de rechazo en la comunidad internacional.
De entrada advertía el difícil escenario que comenzaba a gestarse para aplicar las normas de control migratorio que ya existían en el país mucho antes de esta disposición.
Sin ánimo de recurrir al manido estribillo del “te lo dije”, porque no tiene ningún mérito reivindicar una razón del dominio común, debo llamar la atención sobre la lentitud del Gobierno para buscar un “bajadero” lógico, como expresión del instinto de conservación con que actúan los seres racionales ante una clara señal de peligro.
Con su timidez para actuar de manera correctiva frente a las graves consecuencias de este conflicto, el Gobierno Dominicano está permitiendo el desplome total de la proactiva política de relaciones internacionales y de creación de nuevos mercados para la producción nacional, construida por la administración del presidente Leonel Fernández
“Una de las consecuencias predecibles de este proyecto de desnacionalización, advertía en mi pasado artículo, podría ser el surgimiento de un frente regional de los países caribeños y la declaración de un boicot de los 15 países miembros del Caricom a la solicitud elevada en el pasado mes de julio por el presidente Medina para lograr el ingreso de RD a esa comunidad”.
Así mismo ocurrió cuando los 15 miembros de la Comunidad del Caribe en su reunión del pasado 25 de octubre, acordaron suspender la evaluación de la solicitud de incorporación sometida por el presidente Medina.
Otra posible consecuencia de la controversial sentencia, señalaba en mi artículo, “es que los grupos de presión de Estados Unidos, Cánada y Europa promuevan un boicot contra el turismo dominicano, similar al que se articuló a través de numerosas organizaciones latinas y de las redes sociales contra el Estado de Arizona “por sus prácticas racistas y deshumanizantes” en perjuicio de los derechos humanos y civiles de los inmigrantes”. Debemos esperar que esto no ocurra, pero por los antecedentes cercanos no se puede descartar.
Me atreví también a prejuzgar que “el gobierno del presidente Medina, no se animaría a “ ejecutar una política que convertiría en muertos civiles a más de 200 mil dominicanos de origen haitiano, a los que ni siquiera podría deportar sin el consentimiento de Haití o de otros países, generando un terrible drama desde el punto de vista de los derechos humanos que desataría una lógica reacción de resistencia en el plano interno, y una inevitable campaña de denuncia en la comunidad internacional contra del Estado Dominicano por prácticas de neo racismo y apartheid”.
El Plan de Regularización de extranjeros residentes en el país, dado a conocer recientemente por el Gobierno y rechazado con vehemencia por los llamados nacionalistas, confirma en gran medida esa percepción, pero el presidente Medina no termina de enviar un mensaje claro y tajante para que la dirigencia de su partido y la prensa pro oficialista no sigan apostando a un pleito que no ofrece ni una solo resquicio de éxito para su administración.
Sigo creyendo, como decía el 13 de octubre, que la sentencia 168-13 provocará más daño que bien al país, no solo por el descrédito en el plano internacional y los perjuicios económicos que podrían derivarse, sino también porque está creando condiciones más difíciles para aplicar las normas nacionales en materia de migración, un derecho soberano que en circunstancias normales nadie podría escamotearle al Estado Dominicano. (1 de diciembre 2013)
