Santo Domingo, D. N., 3 de diciembre del 2013.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, atribuyó a la impunidad que reina en la República Dominicana el descenso experimentado en el índice de percepción de la corrupción ofrecido hoy por la organización internacional Transparencia Internacional.
A juicio de de ADOCCO esa posición obedece la falta de sanciones ejemplarizantes, producto de la falta de voluntad política de los responsables del manejo de la cosa pública, acompañado de la falta de un régimen de consecuencias efectivo.
Para ADOCCO, esa posición evidencia que en el Gobierno no hay voluntad política para combatir la corrupción administrativa en vista de que la percepción se alimenta de la realidad que vive la población cada día por los sonados escándalos de irregularidades cometidas por los responsables de aplicar de manera correcta y efectivas las normativas que procuraran la transparencia y el buen gobierno, como la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, conjuntamente con la Ley de Libre Acceso a la Información Publica No. 200-04.
El Coordinador General lamento que la República Dominicana no fuera capaz de por lo menos mantener en lugar del Índice de Percepción de la Corrupción del 2012, dado a conocer por Transparencia Internacional que le concedió el puesto 32, por encima de países que en esta ocasión la superan, el vocero de la entidad Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, dijo que para el próximo año el país caerá mas bajo por su falta de interés para el montaje del Foro Centroamericano y República Dominicana por la Transparencia, cuya sede para este año era la República Dominicana, después de los exitosos montajes en el Salvador, Costa Rica y Honduras, como resultado del compromiso del país con la Convención Interamericana de Lucha Contra la Corrupción de la cual es signataria.
Para la entidad de la sociedad civil lo más preocupante de esto es que la República Dominicana se aleja cada día más de los beneficios de la cuenta del milenio que condiciona a los países de América Central y la República Dominicana a que deben desarrollar acciones para combatir la corrupción, por lo que se han dejado de percibir importantes recursos que contribuirían con el desarrollo nacional.
En una escala del 0 (sumamente corrupto) al 100 (muy transparente), la tabla de transparencia está encabezada por Uruguay, con (73), Chile (71), Puerto Rico (62) y Costa Rica (53), seguidos por Cuba (46), Brasil (42) y Salvador (38), percibidos como los más corruptos de la región, se sitúan Venezuela (20 puntos), Paraguay (24), Honduras (26), Nicaragua (28) y Guatemala (29), en orden de decreciente transparencia, aparecen en esta clasificación anual de TI Perú (38 puntos), Colombia (36), Ecuador (36), Panamá (35), Argentina (34), Bolivia (34), México (34) y República Dominicana (29).
A nivel internacional, Somalía, Corea del Norte y Afganistán, con tan sólo ocho puntos, son los países percibidos como más corruptos del mundo según TI, y Dinamarca y Nueva Zelanda son los más transparentes al sumar 91 enteros, Transparencia Internacional, referencia global en el análisis de la corrupción, asegura que los resultados de este informe "dibujan un escenario preocupante" y destaca que "más de dos tercios de los 177 países" estudiados suspende en transparencia.
La corrupción en el sector público sigue siendo "uno de los mayores desafíos a nivel mundial", según la organización, que considera que las áreas más problemáticas son "los partidos políticos, la policía y los sistemas judiciales". Entre las grandes potencias, Estados Unidos se sitúa en el puesto 19 con 73 puntos, China en el 80 (40 puntos), Japón en el 18 (74), Alemania en el 12 (78), Reino Unido en el 14 (76), Rusia en el 127 (28), Brasil en el 72 (42) e India en el 94 (36).
Cierran este ranking países sin estructuras estatales debido a guerras, conflictos o catástrofes naturales, como Somalia, Afganistán, Sudán y Sudán del Sur, Libia, Iraq, Siria, Yemen y Haití. Transparencia Internacional aprovecha asimismo el lanzamiento de su índice más conocido para incidir en sus propuestas e instar a la comunidad internacional a una acción coordinada contra los delitos económicos, especialmente el lavado de dinero. El IPC se elabora cada año desde 1995 a partir de diferentes estudios y encuestas sobre los niveles percibidos de corrupción en el sector público de distintos países.