<b>La Ley 87-01 sobre Seguridad Social,
promulgada en el año 2001, concibe el área de salud de la República Dominicana
como un sistema de salud integral con cobertura para todos los seres humanos sin
hacer distingo de ninguna naturaleza, esto es ni económico, ni racial, ni de
nacionalidad (letra “A” de su artículo 5). </b>
Dicha ley establece que por Seguro
Familiar de Salud se entiende un espacio de cobertura que incluye a los padres
del asegurado, sus hijos, sus hijastros y su cónyuge (párrafo del indicado art.
5 y contenido del art. 119). Ya en la República Dominicana, según dicha ley,
desde el punto de vista legal, no existen ni hospitales ni clínicas sino
centros de salud de asistencia primaria y centros de salud de asistencia
especializada, llamados también proveedores de servicios de salud. Así ninguna
institución pública o privada se concibe sin cobertura de salud para todos sus
integrantes, esto es, sin ser partidaria de apoyar toda acción que propenda al
bienestar general del pueblo dominicano –y de sus integrantes en particular,
incluida su familia-, puesto que la
salud es una de esas áreas donde la política pública ha de manifestarse con
mayor eficacia.
En el sentido anterior, la ley 87-01, se ha
visto reforzada por el artículo 61 de la Constitución de 2010, por tanto,
ninguna resolución, ningún reglamento que haya dictado la Silsaril o las ARS, y
ningún órgano, pueden contravenir la agenda programática que emana de la letra de la ley y de la propia
Constitución de la República. Además, la
propia ley 87-01, otorgó al sistema de salud -por ella misma creado-, un plazo
de 10 años para que resolviere los problemas burocráticos que dicho sistema
pudiere crear al momento de su implementación, sustitución y perjuicio del régimen anterior. Este plazo está ya
ventajosamente vencido en provecho de los usuarios, por tanto, toda restricción
en materia de salud es inconstitucional.
Se
sabe que el sistema de salud asumido por la ley 87-01, es muy trascendente y
que sectores agiotistas que entienden que la salud humana es un negocio,
conspiran contra el mismo, creando seguros para sanos nunca para enfermos, pero
de ahí a que órganos públicos, por intermedio de sus ARS, hagan causa común con
los sectores que se declaran partidarios de un sistema de salud de libre
mercado y de cobertura restringida, hay un gran trecho. Así, instituciones como
la Silsaril, el CNSS, el Ministerio de Salud, la UASD, como las fundaciones y
asociaciones de usuarios de servicios de salud y de asistencia a los
consumidores en general, deben poner su granito de arena para evitar que los
enemigos de la libertad priven a los más necesitados del servicio de salud,
como hacen la DIDA, LA AMD y la FUNDECOM.
Es deplorable observar cómo los hospitales y
clínicas, ahora llamados centros de atención primaria y especializada del
Estado, están exigiendo a los pobres, seguro de salud privado y paga directa
por los servicios que prestan, como si fueren proveedores de servicios de salud
privados (PSS, art. 160), cuando lo procedente sería que quien allí acuda -sin
poseer un seguro-, automáticamente sea incorporado al SENASA. Esto si sería
cobertura universal de salud. Pues ahora solo existen exclusiones
inconstitucionales que están empobreciendo a la población, creando un malestar
social que podría poner en peligro, en cualquier momento, la fe en la
democracia. Para conseguir tal propósito los servicios de salud no deben poseer
como ahora precio de mercado. Evidentemente, es más cuerdo que los afectados
hagan uso del contenido del artículo 181, de la ley 87-01, donde constan las
infracciones de que se hacen reos los violadores del seguro familiar de salud. DLH-15-11-2013
