La sentencia
del Tribunal Constitucional ha sido, al parecer, un elemento imprevisto para la
administración del presidente Danilo Medina, que ha venido a complicar sus
esfuerzos por enderezar la economía de
República Dominicana.
Es evidente
que el Tribunal Constitucional, sin cuestionar su facultad como poder del
Estado, fue imprudente al emitir el dictamen que podría dejar a miles de
dominicanos de padre y madre extranjeros sin nacionalidad, en lo que para mucho
es un intento de ejecutar una limpieza étnica, especialmente sacando del
registro civil a aquellos que son de origen haitiano.
No advertir las
consecuencias inmediatas, que para el Gobierno y que para el Estado Dominicano,
tendría la decisión del referido tribunal, refleja cierta torpeza y extremismo de
parte de quienes la promovieron y la aprobaron en el Tribunal Constitucional.
El mismo
informe reciente de la Junta Central Electoral (JCE), sobre el impacto que
tendría la esa decisión, revela que el problema de los reales o supuestos
haitianos incluidos en el registro civil no es un asunto tan grave como para
colocar a la República Dominicana, y en especial a su gobierno, en una
situación tan embarazosa ante la comunidad internacional.
O más
preciso, la comunidad dominicana de ascendencia haitiana no es tan numerosa,
como para poner en peligro el Estado dominicano, como venían alegando algunos
sectores que hoy exhiben un nacionalismo desbordado.
Ese informe
de la JCE advierte entonces que el Estado bien pudo seguir otros procedimientos
administrativos y legales para esclarecer la nacionalidad dominicana o no de
cualquier persona que apareciera en el registro civil, sea a través de la misma
JCE, y reservando los tribunales para conocer de supuestas o reales falsificaciones
de documentos, o de aquellos que reclaman ser dominicanos por haber nacido bajo
una Constitución y a quienes habría que asegurarle sus derechos, como ha
expresado el presidente Medina.
Hoy, el país
está en los foros internacionales con el peor rostro. Lo que era un asunto
interno, o enfrentados con Haití por los recelos históricos o los habituales
conflicto fronterizo, lo hemos convertido en un problema que nos enfrenta al
mundo. El que haya que acudir a esos foros a dar explicaciones indica que la
sentencia emitida no ha sido oportuna y que es vista ante la comunidad
internacional como un engendro pernicioso, desde la cual se pueden derivar
acciones violatorias a los derechos de las personas afectadas por la
misma.
Resulta que a
cada foro internacional, el Gobierno del presidente Medina se ve compelido a
enviar delegaciones a explicar la sentencia y garantizar que los derechos de
los dominicanos de origen haitianos serán respetados. Y eso constituye una
distracción, con consecuencias económicas, que no la merecía la actual gestión
de gobierno ni el Estado Dominicano, y que expone al país a eventuales
sanciones.
Mientras eso
sucede, hay una realidad no resuelta y que no parece importar a quienes
promovieron el absurdo dictamen. Me refiero al problema migración haitiana, que
es un problema real y que la sentencia no resuelve, en tanto que los organismos
responsables del control migratorio ignoran la aplicación de las leyes
existentes para controlarla.
Creer o
hacer creer que despojando a un grupo de dominicanos de origen haitiano de su
nacionalidad se va a resolver el problema es pretender engañar a la nación.
Como el país podría comenzar a contener el flujo migratorio es aplicando las
leyes de Trabajo y de Migración, que
limita la contratación de extranjeros; es sancionando a los empresarios que
contraten a inmigrantes ilegales y dando plazos puntuales para que regularizar
a todo extranjero que esté en territorio dominicano; y eliminando las mafias
que operan en la frontera, entre otras acciones.
Si no se
hace eso, estaremos perdiendo el tiempo; porque si una matanza no detuvo la
migración haitiana, no creo que una simple sentencia la vaya a contener.