<b>SANTO DOMINGO.-El abogado Julio Cury alertó a los funcionarios responsables de evaluar las ofertas en el proceso de licitación para la construcción de dos plantas de carbón convocado por la CDEEE, señalando que en el internet hay suficiente información sobre todas las empresas participantes.</b>
Dijo que Tecnimont, empresa italiana que lidera un consorcio participante en la referida licitación, carece de la necesaria fiabilidad exigida por el artículo 8 de la Ley No. 340-06.
“Basta saber que la Generadora Eléctrica de Chile Colbun, demandó por 300 millones de dólares al consorcio del cual forma parte Tecnimont, por el inexcusable retraso en la construcción de la planta de carbón Santa María, proceso que se instruye en la Cámara de Comercio de París”, sostuvo.
El jurista manifestó que los problemas que sacuden al país, entre los que se incluye el eléctrico, reclaman la participación de una opinión pública comprometida con su solución, y al cuestionar a Tecnimont, aclaró que su firma de abogados no representa a ninguna de las empresas oferentes.
“Lo que sucede es que este país ha pagado con su miseria la contratación onerosa de generadores energéticos ineficientes que han hecho zafra del esquilmado patrimonio nacional, obligándonos a pagar una electricidad muy cara y de mala calidad”, expresó Cury.
Se hizo eco de medios de prensa digitales que en marzo de este año responsabilizaron a Tecnimont por graves daños que una de sus plantas alegadamente ocasionó al medio ambiente en Chile, específicamente por la masiva muerte de crustáceos en la Patagonia.
“No creo que el ingeniero Rubén Bichara, cuya honestidad está al abrigo de toda sospecha, ignore nada que yo sepa. Al intervenir en este tema solo me anima el interés de que, tal como lo dispone el artículo 26 de la Ley No. 340-06, la propuesta más conveniente para los intereses del país sobre la base del precio e idoneidad del oferente, sea la que se escoja”, puntualizó el reconocido jurista.
Agregó que Tecnimont tuvo que ser desinteresada por otras tres empresas que integraban un consorcio que ganó en Brasil una licitación de tres plantas de carbón licitadas, porque habría incurrido en serios retrasos que pusieron en riesgo el cumplimiento de los contratos suscritos con las autoridades brasileiras.