<P><B>Uno 43 sacerdotes y religiosos de la Iglesia Católica se solidarizaron este martes con los dominicanos de origen haitiano a quienes una reciente sentencia del tribunal Constitucional deja sin nacionalidad.</B></P>
<P>La posición de los sacerdotes contrasta con la asumida por al arzobispo de Santo Domingo, Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, quien apoyó el dictamen 168-13 emitido recientemente.</P>
<P>Los religiosos denuncia la sentencia por en entender que la misma arrebata la nacionalidad a cuatro generaciones.</P>
<P>“Estamos indignados de que se quiera despojar de sus derechos a miles de personas. Pedimos al gobierno que respete la ley; una sentencia no puede estar por encima de la Carta Magna”, expreson en el documento.</P>
<P>El sacerdote Abrahán Apolinar leyó un documento en nombre del grupo en el que se indica que esa sentencia debilita el estado de derecho del país y con ello incrementa la vulnerabilidad y no retroactividad de la ley, establecidos en la Constitución en los artículos 74.4 y 110.</P>
<P>“Desde nuestro trabajo pastoral damos testimonio de que la aplicación de las medidas que legaliza la sentencia injusta ya han provocado heridas profundas en la vida de dominicanos y dominicanas afectadas con los que compartimos nuestra fe. El derecho a la nacionalidad es un derecho adquirido, a quienes se les vulneren esos derechos la iglesia estará ahí para acompañarlo”, destacó.</P>
<P>En cuanto a la petición de un grupo de juristas de que se identifiquen y sean sometidos a la justicia los responsables de los fraudes en el registro civil dominicano, el sacerdote manifestó que toda acta de nacimiento que se haya logrado con fraude debe ser llevada a la justicia.</P>
<P>“Nosotros, como iglesia, nunca nos hemos opuesto a que se aplique la ley. Les deseamos suerte a esos abogados, que localicen a todas las personas que participaron de los tres partidos principales en la organización fraudulenta para votar o para viajar”, comunicó.</P>
<P>Apolinar entiende que si un juez civil o un abogado preparara un documento falso o un partido político organizó durante su campaña cedulas para votantes chinos o de cualquier nacionalidad, si se descubre que ese partido o el secretario del mismo incurrió en un delito, “pues que lo metan preso, no tenemos ningún problema con eso’.</P>
