<b>El Consejo de Acceso
a la Información por la transparencia afirmó que miembros de comisiones
de éticas no denuncian las irregularidades y/o actos de corrupción por el temor
de ser cancelados y por la impunidad prevaleciente en el país en los últimos 50
años.</b>
El país necesita ejemplos como el del profesor Juan Bosch cuando en el
gobierno de 1963 ordenó investigar las denuncias de corrupción contra su amigo
y jefe de la seguridad personal del primer mandatario, sometiéndolo a la
justicia; recordaron las frases de Don Juan “La ley no tiene amigo ni enemigo,
la ley protege a todos y castiga a quienes la violan, éste gobierno (1963) no
encubrirá ni tolerará un acto de corrupción”.
El CODAIT indicó que para las comisiones de ética
pública realizar su trabajo y prevenir o denunciar los actos de corrupción sus
miembros deben ser protegidos y dotados de alguna inamovilidad, de modo que altos
funcionarios no tengan medios para presionar y coartar el ejercicio y el
cumplimiento del rol de los miembros de las referidas comisiones. Si estos organismos continúan a merced de la
máxima autoridad de cada institución, su accionar seguirá siendo pasivo y
complaciente.
La entidad saludó la iniciativa del gobierno del
Presidente Danilo Medina al designar una comisión de veeduría ciudadana para monitorear los procesos de compras y
contrataciones de obras, bienes y servicios del Estado en el Ministerio de
Salud Publica, sin embargo entiende que la veeduría ciudadana debe extenderse a
todas las entidades públicas o privadas que manejen recursos del Estado. Estas
comisiones pueden jugar un rol estelar para prevenir y documentar cualquier
acto de corrupción o violación a los procedimientos.
La organización consideró que la descomposición social
y la pérdida de valores que afecta a la sociedad, nos compele a todos a concentrar
esfuerzos para moralizar la administración pública y privada, a fin de superar
el irrespeto a las leyes y la grave fragilidad institucional, de manera que en una
o dos décadas logremos organizar el país, reducir la burocracia, los privilegios
y el tráfico de influencias que en gran medida contribuyen a fomentar actos de
corrupción.
Deploraron que, producto de avaricia, corrupción,
impunidad y clientelismo político, en las últimas cinco décadas la Republica
Dominicana no haya solucionado uno de sus problemas estructurales, como la
energía eléctrica, salud, transporte y educación, por vía de consecuencia se
agudiza la pobreza. Reconocieron que las actuales autoridades están dando
señales para comenzar a fortalecer el sistema educativo, un sistema que debe
priorizar invertir en la capacitación, actualización y elevar la calidad de
vida de los profesores, incluyendo suficiente remuneración, así como ampliar y
mejorar las infraestructuras escolares, dotándola de equipos tecnológicos,
facilitándole materiales didácticos y transporte a los estudiantes, de igual
manera establecer que en cada aula haya un máximo de 25 estudiantes y que el
currículo sea adecuado a las competencias que demandan los estándares
internacionales y el mercado laboral dominicano.
La información está contenida en un documento de
prensa enviado por José Miguel Fernández, Presidente del Consejo de Acceso a la
Información por la Transparencia.