<b>La empresa Delta Intur rechazó que haya sido declarado reos de la justicia dominicana empresarios españoles vinculados a la misma, como denunciaran abogados que representan a inversionistas. </b>
"Ningún empresario español, relacionado con Delta Intur está prófugo de la justicia, ni ha huido del país, como falsamente se ha publicado. Simplemente residen en España. Jamás han residido en la República Dominicana", explica la nota.
Los abogados de los tenedores de bonos o inversionistas de Intur informaron el domingo que los principales ejecutivos de la Corporación Delta Intur, los españoles Leonardo Sánchez Heredero-Álvarez, Mariano Vallejo y José Ignacio Martín Moina, fueron declarados prófugos por el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional “por no acudir a los requerimientos de la justicia dominicana.
"En el día de ayer su periódico se hizo eco de una nota de prensa facilitada por los abogados de algunos de los bonistas de Corporación Delta Intur, por la que comunican que el tribunal declaró en rebeldía a tres personas de nacionalidad española relacionadas con la referida empresa", expresa el comunicado.
Sin embargo, indica el comunicado, "la nota oculta que nos encontramos ante un hecho de singular irregularidad, por cuanto esas personas no residen en el país, no están personadas en el procedimiento y, hasta los mismos abogados en sus demandas, localizan sus domicilios en España. La citación a estas personas nunca se ha cursado debidamente. Y, por lo tanto, no podían comparecer".
La empresa alega que en el caso se ha producido un gravísimo error que afecta a la legítima defensa de estas personas que nunca fueron citadas en debida forma, ni pueden conocer legalmente del pleito más que por las notas de prensa que divulgan los citados abogados y todo ello como una medida de presión y para manipular a sus representados y a la opinión pública.
Subrayan que ninguna de esas personas citadas reside en el país y alguna de ellas, como el señor Martín, ya hace más de 5 años, mucho antes de la emisión, "que ni nos visita ni tiene nada que ver con las actividades de la empresa en Dominicana. Juzguen ustedes mismos el error padecido y la indefesión en la que se encuentran".
"Le recordamos que la querella es una falsa denuncia interpuesta por los abogados de los bonistas, con motivo de que la empresa no ha podido atender, de momento, como lo venía haciendo puntualmente desde hace años, los últimos vencimientos de los referidos bonos. Esa denuncia está llena de falsedades e invenciones, ninguna de ellas probadas e imposibles de probar por cuanto lo narrado es absolutamente falso, como bien conocen los propios abogados y sus representados", manifiesta.
Otra aclaración que hacen es que los bonos en circulación no son 1,500 millones de pesos, si no 700, de los que ni uno solo fue a parar a la caja de la compañía, ya que se emitieron única y exclusivamente para sustituir otros tantos papeles comerciales que por igual importe y desde hace muchos años, mucho antes de llegar los españoles, estaban en el pasivo de Intur e invertidos, entre otros, en gran cantidad de solares, de los cuales, buena parte de ellos, junto con otros, tasados recientemente por prestigiosos ingenieros del Instituto de Tasadores Dominicanos, ITADO, en más de 1,400 millones de pesos los tienen los bonistas en garantía del buen fin de sus inversiones.
Y añade que los terrenos que garantizan los bonos tienen un valor de más de 1,400 millones, que supone una garantía superior al 200% del valor de los bonos en circulación, de modo que todos los bonistas tienen más que asegurada la recuperación de su inversión con la simple ejecución de esas garantías, lo que podían haber hecho hace año y medio, y haber recuperado ya desde entonces sus inversiones.
"Todo este irregular proceso no obedece a la defensa del interés de los bonistas, de los que más de 45 ya han resuelto pacíficamente, de una manera u otra, sus acreencias por unos 90 millones de pesos, como lo harán en breve otros más que rechazan estas maniobras, sino que ha de obedecer a los particulares intereses de los abogados y su cuota litis y al interés de un pequeño grupo de inversionistas grandes, que persiguen otros fines", exponen.
Santo Domingo, 23 de septiembre de 2013
