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<b>La administración del Estado y las
riquezas nacionales han estado bajo el amparo y responsabilidad exclusiva del
PLD en estos últimos años, representado hoy por el presidente Danilo Medina y
ayer por Leonel Fernández y sus aliados del llamado Bloque Progresista.</b>
El gobierno de Medina una vez más
hace prevalecer el interés partidario cuando pasa por alto impunemente la
inconducta de funcionarios que intentaron regalar nuestro oro y otros recursos
mineros, y dos plantas televisoras a empresarios foráneos, con escasos
beneficios para el erario. Han sido negociaciones espurias y se rumorea que
estuvieron acompañadas de comisiones cuantiosas.impunidad-3
La institucionalidad sigue siendo
débil y vulnerable. El tratamiento dado por el gobierno a la venta de Antena
Latina y al contrato con la Barrick Gold Pueblo Viejo, evidencia el interés en
que el PLD salga airoso de esta delicada situación. Cuando de intereses
económicos se trata, la sola buena intención no es suficiente. Cuando se cuenta
con el poder, los recursos, la fuerza y el apoyo del pueblo y no se hace lo
debido, el esfuerzo pierde validez.
Los responsables de la negociación
dolosa deben ser sometidos a la justicia y escarmentados con la sanción que el
hecho amerita. No podemos darnos el lujo de socavar aún más la
institucionalidad y la justicia.
En el caso de Antena Latina la decisión
ha sido acertada porque salvaguarda el interés público. Indotel se puso a la
altura al no ceder a las presiones de sectores oficiales y asumir la defensa de
un bien del Estado.
Esta rectificación favorece la imagen
del PLD como fuerza política progresista. Pero no nos engañemos con ello,
porque esta medida puede que sea solo un premio de consolación para la
población que ve sorprendida cómo regalan nuestro oro sin que se aplique
castigo a los responsables.
Lo inaudito es que ese mismo Partido
de la Liberación Dominicana abriera anteriormente una negociación con la
Barrick Gold sin tomar en cuenta esos mismos criterios. Más aún lo es que el
presidente Medina, pese a expresar el mismo sentir que el pueblo dominicano, no
haya esgrimido esos mismos criterios –no obstante saberse apoyado por la
mayoría de la población— y puesto enmarcha los mecanismos institucionales para
castigar a quienes infringen la ética y roban al país.
Cierto es que el nuevo acuerdo
constituye una mejora del Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos
Mineros suscrito entre la filial de la Barrick en Pueblo Viejo y el Estado,
pero hasta el momento no se ha hecho esfuerzo alguno para castigar a los
responsables de haber introducido modificaciones al contrato original lesivas
para el interés del país. Además, el convenio se ha limitado a los aspectos
fiscales en detrimento de lo ambiental.
Pero en perspectiva, la renegociación
es una continuidad del contrato anterior. No nos engañemos. Se puede presumir
que de la modificación del contrato por el gobierno de Leonel Fernández alguien
obtuvo beneficios de lo dejado de percibir por el Estado. No solo es necesario
aparentar querer hacer, es hacer “lo que nunca se ha hecho”: someter a los
culpables.
De poco vale ser recordado como
presidente entrampado en las ansias de poder, como una mancha borrosa en la
historia de la nación por ser “más de lo mismo”. Actúe con la justicia o la
condena moral, presidente Medina.
@GiseldaLiberato
